Presentan demanda por presunta vulneración constitucional
El abogado Gabriel Salvador interpuso el 13 de junio de 2025 una demanda ante la Corte Constitucional (CC) contra la Ley de Solidaridad Nacional. Su intención es que este cuerpo legal, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional y promulgado por el presidente Daniel Noboa, sea declarado inconstitucional. La acción judicial se fundamenta en la supuesta violación de la Constitución y tratados internacionales suscritos por Ecuador.
Esta normativa fue tramitada bajo la figura de economía urgente. La mayoría oficialista en la Asamblea respaldó su aprobación sin introducir modificaciones. Posteriormente, el Ejecutivo envió la ley al Registro Oficial para su publicación sin cambios adicionales.
Argumentos sobre la constitucionalidad y derechos humanos
Salvador sostiene que la Ley de Solidaridad Nacional contradice principios constitucionales superiores. Asegura que ninguna ley ordinaria puede prevalecer sobre la Carta Magna ni menoscabar los derechos humanos garantizados. Entre las críticas más destacadas se encuentra la extensión del indulto anticipado para miembros de las Fuerzas Armadas, figura que, según el demandante, ya está regulada constitucionalmente y no puede ampliarse mediante leyes ordinarias.
Además, la demanda cuestiona el régimen tributario establecido en la ley, que presuntamente beneficia exclusivamente a ciertos sectores económicos, vulnerando el principio de equidad fiscal.
Controversias sobre conflicto armado y tratamiento tributario
Otro punto de la demanda versa sobre la invocación del Gobierno a un supuesto conflicto armado interno. Salvador argumenta que Ecuador no cumple con las condiciones establecidas en el Tratado de Ginebra para aplicar medidas especiales en ese contexto. Asimismo, critica la falta de unidad de materia en la elaboración de la Ley de Solidaridad Nacional, lo que podría afectar su validez jurídica.
La jueza Teresa Nuques fue asignada por sorteo para analizar esta demanda. Mientras tanto, el Gobierno mantiene la aplicación de la normativa, que concede incentivos económicos y beneficios legales a militares y policías, generando polémica en sectores sociales y jurídicos.
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