Las demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa ya suman cerca de 80 acciones presentadas ante la Corte Constitucional. Desde el inicio de su segundo mandato, el 24 de mayo de 2025, el Ejecutivo envió ocho proyectos de ley con carácter económico urgente a la Asamblea Nacional. Estas normas generaron una fuerte reacción de sectores sociales, sindicales, indígenas, ambientales y políticos, que decidieron impugnarlas en la justicia constitucional.
Hasta el momento, dos leyes fueron anuladas por la Corte Constitucional y otras continúan en análisis. Solo las reformas al Cootad y la ley sobre minería y energía concentran casi 20 demandas.
Demandas de inconstitucionalidad por leyes económicas urgentes
El gobierno envió ocho proyectos económicos urgentes a la Asamblea Nacional como parte de su agenda legislativa. La Comisión de Desarrollo Económico tramitó las iniciativas y el oficialismo, junto con legisladores aliados, logró aprobarlas.
Sin embargo, distintos sectores cuestionaron el contenido de las normas por posibles vulneraciones a derechos constitucionales, falta de consulta previa y por incluir varios temas en un mismo proyecto de ley.
Ante estas críticas, organizaciones sociales, políticos, abogados y autoridades locales presentaron cerca de 80 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Dos leyes de Noboa ya fueron declaradas inconstitucionales
De las ocho leyes aprobadas, la Corte Constitucional ya anuló dos normas tras analizar las demandas de inconstitucionalidad.
La Ley de Integridad Pública recibió 27 demandas y fue declarada inconstitucional el 26 de septiembre de 2025. La normativa generó polémica porque aumentaba penas para adolescentes que cometan delitos graves, permitía declarar en emergencia a la Función Judicial y abría la puerta al nombramiento de jueces sin concurso de méritos.
Además, el texto incluía disposiciones laborales que permitían el despido automático de servidores públicos en determinados casos.
La Ley de Solidaridad Nacional también fue eliminada por la Corte Constitucional luego de cinco demandas. La Asamblea aprobó esta normativa con 84 votos y el Ejecutivo la promulgó en junio de 2025.
Entre los puntos más cuestionados figuraban los allanamientos sin orden judicial en el contexto del conflicto armado interno y la posibilidad de evitar la prisión preventiva para policías o militares procesados por hechos relacionados con su servicio.
Leyes que aún enfrentan demandas de inconstitucionalidad
Otras normas aprobadas por la Asamblea todavía enfrentan procesos en la Corte Constitucional.
La Ley de Áreas Protegidas registra cuatro demandas de inconstitucionalidad. La Corte admitió dos acciones y acumuló los procesos para analizarlos en conjunto. Organizaciones indígenas y ambientales cuestionan que la norma permita el ingreso de policías y militares a territorios protegidos o ancestrales sin procesos de consulta previa.
La Ley de Transparencia Social también genera controversia y acumula siete demandas. Los críticos sostienen que el Estado podría intervenir o supervisar organizaciones sociales sin fines de lucro, lo que afectaría la libertad de asociación y la autonomía organizativa.
La Ley de Inteligencia y la vigilancia estatal
La Ley de Inteligencia también enfrenta demandas de inconstitucionalidad. Analistas y organizaciones civiles alertaron que el texto otorga amplias facultades al Sistema Nacional de Inteligencia.
Entre las preocupaciones se mencionan la vigilancia digital, el acceso a bases de datos públicas y privadas, la interceptación de comunicaciones y el uso de fondos reservados. La Corte Constitucional suspendió varios artículos de la ley mientras analiza las demandas.
Más demandas contra la ley de fortalecimiento crediticio
La Ley de Fortalecimiento Crediticio también llegó a la Corte Constitucional. Hasta ahora acumula más de diez demandas de inconstitucionalidad.
Las críticas se concentran en los cambios que amplían las facultades del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). La normativa permite nuevas operaciones financieras, como vender cartera vencida o gestionar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras.
Diversas organizaciones advierten que estas medidas podrían afectar recursos del sistema de seguridad social.
Reformas al Cootad suman 13 demandas de inconstitucionalidad
La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) también provocó varias demandas de inconstitucionalidad.
Hasta el 3 de marzo de 2026 se registraban 13 acciones legales contra la reforma. La ley obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a destinar al menos el 65 % de su presupuesto a inversión en obras desde 2025. Este porcentaje subirá al 68 % en 2027 y al 70 % en 2028.
Autoridades locales cuestionan la fórmula porque no reconoce el costo del talento humano técnico que participa en los proyectos, lo que podría generar problemas en la contabilidad de las obras.
La ley minera también enfrenta demandas de inconstitucionalidad
La Ley Orgánica de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía es la normativa más reciente en enfrentar demandas de inconstitucionalidad.
Hasta el 5 de marzo de 2026 se habían presentado cinco acciones legales. Organizaciones sociales y ambientales cuestionan la falta de debate público durante el trámite legislativo.
También advierten posibles vulneraciones al principio de unidad de materia, ya que la norma reúne reformas mineras, energéticas y económicas en un mismo texto.
Entre los puntos más discutidos se encuentran la sustitución de la licencia ambiental por una autorización ambiental, el silencio administrativo positivo para proyectos extractivos y la posibilidad de ampliar actividades mineras.
La Corte Constitucional analiza las demandas de inconstitucionalidad
En total, las demandas de inconstitucionalidad contra las ocho leyes impulsadas por el gobierno de Noboa suman cerca de 80 acciones legales.
Dos normas ya fueron eliminadas, una tiene artículos suspendidos y cinco todavía esperan una decisión definitiva de la Corte Constitucional. Las resoluciones que adopte este organismo marcarán el futuro de varias reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Más noticias:
Daniel Noboa participará en la cumbre Escudo de las Américas
Fuente:
