El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró prescrita la denuncia del CNE que presentó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. La acción se dirigía contra responsables del manejo económico, dirigentes de campaña y candidatos principales y suplentes del movimiento Revolución Ciudadana, lista 5.
La denuncia del CNE señalaba presuntas irregularidades en las cuentas de campaña de las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas de 2023.
La sentencia se emitió el 5 de marzo de 2026 dentro de la causa N.º 581-2025-TCE. El tribunal concluyó que la denuncia del CNE se presentó fuera del plazo legal para perseguir infracciones electorales. Por esa razón, el proceso no pudo continuar.
Inconsistencias en cuentas de campaña
El caso comenzó cuando el organismo electoral presentó la denuncia al detectar observaciones en los informes de cuentas de campaña del movimiento Revolución Ciudadana.
Según el expediente, el Consejo Nacional Electoral encontró inconsistencias técnicas y jurídicas en la documentación presentada por la responsable del manejo económico de la campaña.
El organismo otorgó un plazo para justificar o corregir esas observaciones. Sin embargo, tras una nueva revisión, el CNE concluyó que las inconsistencias no se corrigieron de forma adecuada.
Tribunal aplicó la prescripción a la denuncia
Al analizar el proceso, la jueza del Tribunal Contencioso Electoral determinó que la denuncia se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 304 del Código de la Democracia.
Esta normativa establece el tiempo límite para denunciar infracciones electorales. Cuando ese plazo se supera, la ley considera prescrita la acción.
Con base en ese criterio, el tribunal aplicó la jurisprudencia correspondiente y declaró prescrita la denuncia del CNE.
Expediente de la denuncia del CNE será revisado por Contraloría y Fiscalía
Aunque el TCE declaró prescrita la causa, la sentencia ordenó enviar el expediente completo de la denuncia a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado.
Ambas instituciones revisarán las alegaciones presentadas durante el proceso. Luego determinarán si corresponde iniciar acciones dentro de sus competencias administrativas o penales.
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