Los Departamentos de Consejería Estudiantil en Ecuador enfrentan desafíos críticos mientras revelan estadísticas preocupantes sobre la realidad escolar. Con el regreso a clases en la Sierra-Amazonía, estas cifras exponen la magnitud de problemáticas que van desde intentos de suicidio hasta denuncias penales en el sistema educativo nacional.
El Ministerio de Educación registra 12,327 instituciones fiscales que cuentan con profesionales DECE. Sin embargo, la brecha entre necesidades y recursos disponibles genera preocupación entre especialistas en educación y psicología.
Los números detrás de la crisis educativa
Entre 2022 y 2024, los Departamentos de Consejería Estudiantil documentaron 1,195 casos de acoso escolar. El desglose temporal muestra 609 casos en 2022, 432 en 2023 y 154 en 2024, evidenciando una tendencia que requiere atención inmediata.
El Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales identifica diez problemáticas prioritarias. Estas incluyen violencia física, psicológica, sexual, digital, acoso escolar, trabajo infantil, suicidio e intentos autolíticos, desapariciones, embarazo temprano y consumo de drogas.
Profesionales insuficientes para la demanda creciente
Actualmente, 3,664 profesionales integran los Departamentos de Consejería Estudiantil en el ámbito fiscal. Para septiembre de 2025, el Ministerio planea contratar 500 profesionales adicionales, alcanzando 4,164 especialistas.
La distribución establece un máximo de 450 estudiantes por cada experto DECE. No obstante, esta proporción resulta insuficiente considerando la complejidad de problemáticas psicosociales identificadas.
Isabel Solano, docente de la UIDE, explica que las preocupaciones incluyen ansiedad, estrés, depresión y trastornos emocionales derivados. Estas condiciones, agravadas por las consecuencias pandémicas, impactan significativamente el rendimiento académico estudiantil.
Protocolos de actuación y limitaciones reales
Los protocolos DECE establecen lineamientos para docentes, estudiantes, autoridades, familias y personal administrativo. Por tanto, los profesionales realizan detección oportuna, activación de rutas, seguimiento de casos y acompañamiento psicosocial.
Cuando la situación lo requiere, los casos se derivan a instancias judiciales, especialmente en situaciones de abuso sexual. Sin embargo, la violencia intrafamiliar e institucional presenta desafíos adicionales que requieren estrategias individuales y grupales.
Riesgos emergentes en el contexto actual
José Manuel Portugal, experto en Derecho, señala que los Departamentos de Consejería Estudiantil evolucionaron hacia actores del sistema de protección de derechos. En consecuencia, deben detectar problemáticas que trascienden el ámbito escolar.
La vulnerabilidad ante organizaciones delictivas representa un riesgo creciente. Guayas lidera la lista de provincias con mayor riesgo de reclutamiento de menores, seguida por Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.
Asimismo, estudiantes enfrentan amenazas de reclutamiento, extorsión y violencia. Los profesores tampoco permanecen ajenos a esta realidad que permea el sistema educativo nacional.
Hacia una respuesta integral y coordinada
Los Departamentos de Consejería Estudiantil requieren fortalecimiento urgente para abordar eficazmente la crisis multidimensional. Las cifras revelan la necesidad de aumentar significativamente el número de profesionales especializados.
Finalmente, la implementación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo debe involucrar todas las instancias estatales, incluyendo Policía y sistema judicial, para generar respuestas coordinadas ante esta problemática compleja.
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