Propuesta técnica para un modelo sostenible de financiamiento e inversión
El Ecuador atraviesa un punto decisivo en su política de financiamiento público. Las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas estiman que el servicio de la deuda externa alcanzará USD 3.918 millones en 2026, frente a USD 1.719 millones en 2025, lo que evidencia una concentración de vencimientos que exige planificación de mediano plazo (Primicias, 2025). Este incremento responde a amortizaciones diferidas y compromisos derivados de emisiones pasadas, principalmente bonos soberanos con vencimientos entre 2030 y 2040.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública bruta del sector público no financiero se mantiene en torno al 53,8 % del PIB, mientras que la deuda externa representa 47,5 % del PIB. Estos niveles requieren una estrategia integral que preserve el acceso al crédito, reduzca el costo de financiamiento y fortalezca la capacidad productiva del país (IMF Country Report No. 25/002, 2025).
El objetivo central del nuevo ciclo fiscal debe orientarse hacia la consolidación macroeconómica, el reordenamiento de pasivos y la activación del sector privado como motor de inversión y empleo.
Podemos crecer al 10%?
- Resolver primero la energía: con racionamientos es imposible crecer a dos dígitos; la literatura sobre “growth collapses” muestra que los cuellos de botella eléctricos cortan hasta 2 puntos del PIB. Ecuador tendría que asegurar en 2025-2026 capacidad firme (térmica + renovables + mantenimiento) para que industria, minería, agro y turismo operen sin cortes.
- Subir la inversión total al 35 % del PIB por dos años. Hoy estamos cerca de 20 %. El salto de 10 puntos no lo hace el Presupuesto: lo hacen 5–6 proyectos tractores (energía, minería responsable, puertos, corredor logístico, dos zonas francas industriales y digital) con APP y FDI asegurada. Esto es exactamente lo que hicieron Corea con los chaebols y Vietnam con los “megaprojects” de manufactura orientada a exportación.
- Abrir exportaciones no petroleras: Ecuador ya exporta banano, camarón y cacao, pero son productos de frontera. El crecimiento de 10 % exige exportaciones nuevas (servicios digitales, agroindustrial con valor, ensamblaje regional) y trato de hub andino dentro de la CAN y la lianza del Pacífico. Ahí es donde la literatura de “small open economies” dice que se puede sumar hasta 3 puntos extra si hay logística y acuerdos vigentes.
- Reforma laboral pro-formalización: la evidencia del BM y la OIT es muy insistente: cuando se bajan los costos de despido y se crea un fondo de cesantía, la formalidad sube y la productividad también. Un aumento de formalidad de 5–7 puntos en dos años puede sumar 0,5– 0,7 puntos de crecimiento potencial.
1. Lineamientos para un nuevo pacto de financiamiento
El financiamiento público debe concebirse como un instrumento de desarrollo económico. Un marco de financiamiento sostenible, con metas cuantificables y reglas de transparencia, permitirá al Estado alinear sus compromisos con su capacidad productiva. Este marco se compone de cuatro ejes:
a. Política de deuda de largo plazo El país debe mantener una senda de reducción gradual del endeudamiento hasta ubicarse entre 40 % y 45 % del PIB en 2030. Este proceso puede sostenerse mediante refinanciamiento, canjes voluntarios y fortalecimiento de relaciones con organismos multilaterales. La experiencia de Colombia y República Dominicana confirma que la disciplina fiscal sostenida y el manejo técnico de portafolios reducen el riesgo soberano y generan condiciones de crédito más favorables.
b. Eficiencia del gasto y focalización social La revisión del gasto público es esencial. El presupuesto debe vincularse con resultados, priorizando programas de alto impacto en productividad y empleo. Un estudio reciente del FMI muestra que una reasignación del 2 % del PIB desde gasto ineficiente hacia inversión puede elevar el crecimiento potencial en 0,4 puntos porcentuales anuales.
c. Transparencia fiscal y monitoreo permanente El Ministerio de Economía y Finanzas debe poner en marcha una plataforma pública de monitoreo fiscal en tiempo real, con acceso abierto a datos de ejecución presupuestaria, reservas y servicio de deuda. Este instrumento reforzará la confianza de inversionistas y multilaterales, y servirá como herramienta pedagógica para la ciudadanía.
d. Coordinación macroeconómica y estabilidad monetaria La coordinación fiscal-monetaria es esencial para preservar la dolarización. El fortalecimiento de las reservas internacionales hasta niveles cercanos al 10 % del PIB brindará solidez ante choques externos y respaldará la credibilidad del sistema financiero.
2. Inversión privada y transformación productiva
El crecimiento de mediano plazo depende de la inversión. La inversión total (pública + privada) del Ecuador representa actualmente aproximadamente 25 % del PIB, mientras que el promedio regional supera el 28 %. La meta debe ser elevarla al 30 % del PIB en 2030, impulsada por proyectos estratégicos en energía, infraestructura, agroindustria y tecnología.
La estrategia incluye:
- Asociaciones público-privadas (APP) para carreteras, puertos y acueductos, con garantías de estabilidad jurídica.
- Participación privada en empresas estatales, mediante esquemas de capital mixto.
- Fondos sectoriales de coinversión, apalancados por CAF, BID Invest y DEG.
La evidencia regional indica que las APP bien diseñadas pueden aportar entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB en inversión anual sin presionar la deuda pública.
3. Revisión estructural del sector público
El sector público debe orientarse a su función esencial: regulación, planificación y provisión estratégica. La revisión integral de empresas públicas permitirá clasificarlas según su relevancia nacional y desempeño económico.
- Empresas estratégicas (energía, agua, recursos naturales) permanecerán bajo control estatal.
- Empresas de servicios (telecomunicaciones, transporte, comercialización) podrán incorporar gestión privada.
- Activos no estratégicos podrán venderse o concesionarse bajo procesos técnicos y transparentes.
El objetivo es liberar recursos, reducir costos operativos y canalizar el ahorro hacia inversión social y tecnológica. Los procesos de apertura controlada aplicados en países latinoamericanos generaron ingresos equivalentes al 2 % del PIB y redujeron el déficit primario en el corto plazo.
4. Oportunidad constitucional para un nuevo marco económico
La convocatoria de una Asamblea Constituyente ofrece una ocasión estratégica para establecer un nuevo pacto económico en el país, mediante reformas que activen estabilidad, inversión y equidad. En este proceso resulta imprescindible abordar dos problemas reales que han frenado la eficacia del financiamiento público:
- la falta de una regla fiscal vinculante que condicione el endeudamiento, el gasto y la asignación de recursos;
- la rigidez en la asignación de recursos a salud y educación que limita la redistribución eficiente y la mejora de resultados.
Problema 1: Ausencia de regla fiscal clara
Hoy el país opera sin una norma constitucional que fije límites al endeudamiento, al crecimiento del gasto corriente o al déficit estructural. Una regla fiscal constitucional puede definir un ancla de deuda (por ejemplo, que la deuda pública total no supere un porcentaje del PIB) y un límite al déficit estructural o al crecimiento del gasto real. Investigaciones sobre América Latina señalan que las “fiscal rules” ayudan a reducir la volatilidad macroeconómica, aunque requieren diseño institucional adecuado (órganos independientes, cláusula de escape, transparencia). CORE+2openknowledge.worldbank.org+2
En contraste, la experiencia de Brasil muestra que la aprobación de la Emenda Constitucional No. 95 (PEC 241/55) en 2016 instituyó un techo de crecimiento del gasto público por 20 años, pero también generó críticas sobre el impacto en la inversión pública y en partidas mínimas para salud y educación. Wikipedia+1
Una nueva Constitución del Ecuador debe incorporar una regla fiscal que:
- fije un techo de endeudamiento como porcentaje del PIB (por ejemplo, no más del 45 % del PIB hacia 2030);
- establezca un déficit estructural máximo (por ejemplo 1–1,5 % del PIB);
- permita una cláusula de escape para shocks extremos, articulada con el marco legal;
- cree un órgano independiente de evaluación fiscal (Consejo Fiscal) que supervise el
cumplimiento.
Problema 2: Asignaciones rígidas e insuficientes a salud y educación
En muchos países latinoamericanos, aunque existen pisos constitucionales para salud y educación, la ausencia de vinculación clara con resultados y la rigidez en la asignación impiden eficiencia y mejora de indicadores. Un estudio sobre Perú advierte que mantener superávits fiscales no garantizó mejora automática en niveles educativos. latindadd.org
Por ello, la nueva Constitución debe contemplar:
- Pisos mínimos constitucionales para gasto en salud y educación, medidos como porcentaje de la Renta Corriente o del PIB, vinculados a metas de cobertura, calidad o inversión en capital humano.
- Flexibilidad presupuestaria inteligente, que combine cumplimiento de los pisos mínimos con incentivos a la eficiencia, a través de métricas de desempeño.
- Mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, para que los recursos se asignen con prioridad a resultados y no solo a formalidades.
- Asignación prioritaria a inversión en capital humano, infraestructura educativa y sanitaria, lo cual mejora el crecimiento potencial de largo plazo.
Experiencias de partidos y países que pueden servir de referencia
- En Colombia, la llamada Ley 1473 de 2011 estableció una regla fiscal que fija meta de balance primario y límites al endeudamiento para el sector público.
- En Latinoamérica, un análisis clasificó las reglas fiscales en niveles: limitación de gasto, de equilibrio, de deuda y de ingresos, y apuntó que su efectividad depende de institucionalización y transparencia.
- En Brasil, la experiencia de la PEC 241 mostró que si bien se limitó el gasto, hubo preocupación en que los pisos mínimos de salud y educación podrían verse afectados por la rigidez del techo.
Propuestas clave para el marco constitucional del Ecuador
1. Incluir un Capítulo Fiscal en la nueva Constitución que contenga:
- La regla fiscal con ancla de deuda y déficit.
- Requisitos de transparencia, evaluación y publicación de indicadores.
- Órgano autónomo de supervisión fiscal.
2. Establecer Artículo de Capital Humano, que consagre:
- Mínimo de gasto público en educación y salud (por ejemplo, al menos el 6 % del PIB en educación; el 5 % del PIB en salud hacia 2030).
- Revisión periódica mediante ley de los efectos del gasto y su eficiencia.
3. Garantizar que el marco constitucional diferencie entre gasto corriente y inversión productiva, fomentando que incrementos de gasto se dirijan a inversión en infraestructura humana, digital y física, y no solamente al crecimiento del gasto corriente.
4. Incorporar transición ordenada para la gestión de pasivos públicos, con mandato
constitucional para que la política de deuda se oriente a plazos largos, tasas bajas y
prioridad a proyectos de retorno.
5. Perspectiva internacional y proyección 2030
La sostenibilidad fiscal y el crecimiento dependen de la capacidad del Estado para planificar con visión de largo plazo. Países como Costa Rica, Marruecos y República Dominicana lograron estabilizar su deuda en menos de una década mediante marcos fiscales de mediano plazo y atracción sostenida de inversión extranjera.
Con base en escenarios del FMI y en proyecciones internas, Ecuador puede aspirar a los siguientes resultados hacia 2030:
- Deuda pública: reducción al rango del 43–45 % del PIB.
- Riesgo país: descenso a niveles cercanos a 500 puntos básicos.
- Inversión extranjera directa: incremento acumulado de USD 15 000 millones.
- Crecimiento económico promedio: entre 3,5 % y 4 % anual, con aumento del empleo formal.
- Reservas internacionales: expansión hasta USD 12 000 millones, equivalente al 10 % del PIB.
- Déficit fiscal: convergencia a un rango inferior al 1,5 % del PIB.
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