La designación de Damián Larco como presidente encargado del Consejo de la Judicatura generó cuestionamientos en el ámbito jurídico y político. El nombramiento se produjo mientras Mario Godoy se encuentra de vacaciones y afronta un juicio político en la Asamblea Nacional.
Perfil profesional en el centro del debate
Uno de los principales reparos sobre la designación de Damián Larco es su formación. Larco es economista y actualmente estudia Derecho, pero no es abogado en libre ejercicio. A pesar de ello, asumió la presidencia del organismo encargado de administrar la Función Judicial.
El abogado Rafael Oyarte criticó que en la página institucional se lo identifique como abogado cuando aún no obtiene el título. Para varios juristas, este hecho afecta la transparencia y la confianza en la institución.
Procedimiento bajo cuestionamiento
Otro punto clave en la designación de Damián Larco es la forma en que se realizó. La sesión en la que fue nombrado se convocó en la madrugada. Además, Alexandra Villacís, quien debía asumir por orden de prelación, fue apartada tras la supuesta aparición de un impedimento para ejercer cargo público.
La jurista María Dolores Miño señaló que en menos de 24 horas ocurrieron varios hechos relevantes. Entre ellos, la exclusión de Villacís, la designación de Leonardo Cortázar y el posterior nombramiento de Larco cerca de la medianoche.
También se mencionó que en esa misma madrugada se conoció un caso judicial contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lo que incrementó las dudas sobre el contexto político del momento.
Críticas por posible uso político
La designación de Damián Larco también fue interpretada por algunos abogados como una muestra de influencia política en la justicia. La abogada Mónica Luzárraga afirmó que en el país muchas veces se premia la cercanía al poder por encima del mérito.
El jurista Joffre Campaña cuestionó la legitimidad de las decisiones que podría adoptar el nuevo presidente del Consejo, especialmente en casos sensibles como la destitución de jueces.
Por su parte, la abogada Mariela Díaz Aragón sostuvo que resulta preocupante que la Función Judicial sea regulada por alguien que no es abogado, lo que, a su criterio, debilita la institucionalidad.
Posibles vulneraciones legales
Desde la Asamblea, la legisladora Mónica Palacios indicó que la designación de Damián Larco podría contradecir el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que la presidencia corresponde al delegado de la Corte Nacional de Justicia.
También advirtió un posible conflicto de intereses que afectaría la independencia judicial, principio establecido en el artículo 168 de la Constitución. Según Palacios, el impedimento atribuido a Alexandra Villacís estaría basado en una deuda que no existiría, de acuerdo con información del SRI.
Larco fue director del Servicio de Rentas Internas, entidad desde la cual, según denuncias políticas, se habrían eliminado deudas millonarias vinculadas al Grupo Noboa.
La controversia por la designación de Damián Larco vuelve a poner en discusión la independencia de la justicia y el equilibrio entre las funciones del Estado en Ecuador.
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