En los últimos 13 años, Ecuador ha emitido $16.750 millones en bonos de deuda externa como mecanismo para financiar su déficit fiscal. Desde el fin del boom petrolero, el país ha recurrido de manera recurrente a los mercados internacionales para cubrir un gasto público que supera sus ingresos. La más reciente emisión, realizada en enero de 2026 por el Gobierno de Daniel Noboa, permitió un respiro financiero, pero expertos advierten que no corrige los problemas estructurales de fondo.
Antecedentes del endeudamiento en la última década
El uso de bonos internacionales comenzó a intensificarse cuando los altos precios del petróleo dejaron de sostener el presupuesto estatal. Durante el Gobierno de Rafael Correa se realizaron cuatro emisiones entre 2014 y 2017, que sumaron $4.750 millones, como una alternativa ante la reducción del financiamiento externo y el aumento del déficit fiscal.
El mayor volumen de endeudamiento se registró en la administración de Lenín Moreno, con $8.000 millones colocados entre 2017 y 2019. Sin embargo, la pandemia de 2020 obligó a una renegociación forzosa de la deuda externa, debido a la imposibilidad de cumplir con los pagos programados.
En el Gobierno de Guillermo Lasso no se emitieron nuevos bonos internacionales. El retorno a los mercados se dio bajo la administración de Daniel Noboa, que en enero de 2026 colocó $4.000 millones en bonos con plazos de 8 y 13 años y una tasa promedio de 8,95%.
La nueva emisión: alivio necesario, pero limitado
La reciente operación permitió recomprar bonos con vencimientos en 2030 y 2035, reduciendo la presión de pagos en el corto y mediano plazo. Parte de los recursos también se destinó a cubrir necesidades de caja y amortizaciones.
Según analistas como el exministro de Economía Fausto Ortiz, la estrategia apunta a “reperfilar” la deuda, es decir, cambiar vencimientos inmediatos por obligaciones a plazos más largos. Esta práctica es común en países con déficit fiscal persistente, pero no soluciona el desequilibrio estructural.
En 2026, Ecuador necesita más de $15.000 millones en financiamiento. Aunque la emisión fue significativa, una parte importante se utilizó para cubrir compromisos previos, lo que implica que el país aún deberá buscar nuevos recursos durante el resto del año.
El problema estructural detrás de la deuda
Economistas coinciden en que el verdadero desafío no es la colocación de bonos, sino el déficit fiscal permanente. Mientras el Estado gaste más de lo que recauda, la deuda seguirá creciendo. La emisión reciente mejora la liquidez y envía una señal positiva a los mercados, pero no reduce el tamaño del gasto público ni corrige ineficiencias estructurales.
También persisten problemas como subsidios mal focalizados, empresas públicas deficitarias y un aparato estatal costoso. Sin cambios profundos, la dependencia del endeudamiento externo continuará como mecanismo recurrente de financiamiento.
Reformas necesarias para evitar otra crisis
Entre las reformas prioritarias está la corrección sostenida del déficit fiscal mediante la reducción de gastos ineficientes y la optimización del aparato estatal. Asimismo, se requiere mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria, ampliando la base de contribuyentes y combatiendo la evasión sin necesariamente aumentar impuestos.
Otra medida clave es establecer reglas claras sobre el uso de la deuda, destinando el financiamiento externo principalmente a inversión productiva que impulse el crecimiento económico y fortalezca la capacidad de pago futura.
Finalmente, recuperar la confianza interna resulta fundamental. Aunque el riesgo país ha disminuido y los mercados internacionales respondieron positivamente, la estabilidad jurídica y la disciplina fiscal serán determinantes para evitar que el país enfrente una nueva reestructuración de deuda en cuatro o cinco años.
Fuente: La Hora
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