La permanencia de la directora nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura ha generado cuestionamientos, debido a que en el Ministerio de Trabajo consta un impedimento legal para ejercer cargo público, mientras en 2025 se presentaron al menos cinco acciones de protección en su contra.
Permanencia tras la censura de Mario Godoy
Luego de la censura de Mario Godoy por parte de la Asamblea Nacional el 18 de febrero, varios funcionarios considerados de su confianza permanecen en sus cargos dentro del Consejo de la Judicatura.
Entre ellos figura Janneth Vinueza Betancourt, quien ejerce como directora nacional de Talento Humano desde el 1 de marzo de 2025, designación realizada durante la administración de Godoy.
De acuerdo con registros del Ministerio de Trabajo, la funcionaria mantiene un impedimento legal para ocupar cargo público por obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas. Este hecho ha sido señalado como una contradicción frente a su continuidad en funciones.
Rol de la Directora de Talento Humano en la inhabilitación de Alexandra Villacís
Vinueza fue responsable de elaborar los informes que sustentaron la inhabilitación de Alexandra Villacís, vocal suplente de Godoy, lo que le impidió asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura.
La notificación tomó por sorpresa a Villacís, quien denunció vulneración de derechos y presentó un certificado del Servicio de Rentas Internas en el que, según indicó, no constaban obligaciones pendientes.
Ese mismo 18 de febrero, tras la salida de Godoy, el pleno del Consejo designó como presidente a Damián Larco, exdirector del SRI y cercano al gobierno de Daniel Noboa.
Informes disciplinarios y acciones legales
La gestión de Talento Humano también incluyó la elaboración de informes disciplinarios contra varios jueces, situación que derivó en reclamos judiciales. Durante 2025 se interpusieron cinco acciones de protección por parte de funcionarios que alegaron persecución administrativa.
Entre los demandantes constan los jueces Freddy Castro Méndez, Fabio Durán Mosquera, Luis Donoso Bazante y Nancy Guerrero Rendón, además de la funcionaria judicial Magaly Poveda Rea.
Adicionalmente, en la Fiscalía de Pichincha se presentó una denuncia por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente contra Vinueza y otros funcionarios del Consejo de la Judicatura, entre ellos Pablo Chávez Romero y Vilma Orozco Villarroel.
La controversia gira en torno a la coherencia institucional, pues mientras la directora de Talento Humano ejecutó inhabilitaciones laborales a terceros, su propia situación administrativa mantiene observaciones registradas en el sistema público.
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