Una compleja pugna institucional envuelve los recursos económicos destinados al nuevo aeropuerto internacional de Guayaquil. Anualmente, un promedio de USD 29 millones, derivados de la concesión del aeródromo José Joaquín de Olmedo, se canalizan hacia este proyecto de infraestructura. No obstante, estos fondos son ahora el epicentro de una confrontación entre el Gobierno Nacional y el municipio de Guayaquil. En consecuencia, la ciudadanía se pregunta: ¿qué destino final tienen estos cuantiosos recursos?
Mecanismo Fiduciario para el Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil
La gestión de estos capitales se realiza mediante un fideicomiso mercantil específico. Este instrumento, denominado ‘Fondo Fiduciario de Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil (NAIG)’, recibe los aportes de Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. (Tagsa). Esta empresa concesionaria transfiere aproximadamente el 50% de su recaudación por servicios complementarios. Dichos servicios incluyen, entre otros, estacionamiento, alimentación, salas VIP y publicidad. Posteriormente, la fiduciaria administradora, Fiducia S.A., ejecuta las instrucciones de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), fundadora y beneficiaria del fideicomiso.
La Tensión Política y la Incertidumbre sobre los Fondos
Recientemente, la controversia se intensificó tras una instrucción del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). Según el alcalde Aquiles Álvarez, un director jurídico del MIT ordenó a la fiduciaria paralizar toda ejecución de recursos. Esta determinación generó un debate público inmediato sobre la posible destinación de los fondos. Esencialmente, el conflicto subyace en la discrepancia sobre la ubicación del futuro aeropuerto: Daular (propuesta municipal) versus Taura (propuesta gubernamental).
Expertos en infraestructura, como Alejandro Chanaba, docente investigador de la Espol, argumentan la intransferibilidad de los recursos. «No se pueden llevar el dinero del fideicomiso de Daular a Taura. Cuando se constituye un fideicomiso, solo sirve para el fin para el cual fue creado», explicó. Por su parte, Manuel Macías, del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, visualiza una ralentización del proyecto. Macías sugiere que el objetivo gubernamental sería la apropiación institucional de la AAG y el manejo del futuro aeródromo.
Ejecución y Destino Concreto de los Recursos
A pesar de la polémica, los registros evidencian una ejecución presupuestaria constante. Desde 2015, la AAG ha destinado más de USD 167 millones a obras, estudios y consultorías relacionadas con el proyecto en Daular. Adicionalmente, tan solo entre enero y octubre de 2025, se comprometieron USD 16.1 millones en contratos. Estas asignaciones se orientan, principalmente, a la dotación de infraestructura sanitaria y vial en la zona de influencia. Por ejemplo, se adjudicaron obras para la construcción de calles, alcantarillado, una planta de tratamiento y un reservorio. Por consiguiente, existe una trayectoria documentada de inversión ligada al plan original. En definitiva, la transparencia en la aplicación de estos fondos públicos constituye un elemento crucial para superar la actual disputa y garantizar el avance de esta vital obra para la región.
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