El presidente Daniel Noboa presentó el 17 de mayo un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Esta iniciativa fue enviada con carácter urgente, lo que obliga a los legisladores a discutirla en un plazo máximo de 30 días. El objetivo principal es atacar las redes financieras que sostienen a los grupos armados organizados y promover la estabilidad económica en las zonas afectadas.
¿Qué plantea el proyecto de ley sobre economía criminal?
El proyecto establece reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales para fortalecer el marco jurídico nacional. Propone medidas financieras, tributarias y de seguridad para combatir la economía criminal y proteger la sostenibilidad del sistema económico ecuatoriano. Con estas acciones, el Gobierno busca frenar el flujo de recursos ilegales y garantizar la reactivación económica en regiones impactadas por la violencia.
Reconocimiento oficial del conflicto armado y la economía criminal
Una parte fundamental de la iniciativa es el reconocimiento oficial del conflicto armado interno. Para ello, se contempla la emisión de un Decreto Ejecutivo que identifique a los grupos armados organizados involucrados y establezca medidas económicas para desarticular sus actividades. Esta regulación es diferente a un estado de excepción y permitirá actuar con herramientas específicas contra la economía que financia estos grupos.
El Bloque de Seguridad y su rol frente a la economía criminal
El proyecto crea el Bloque de Seguridad, una instancia encargada de coordinar las acciones militares y de seguridad. Liderado por el Presidente o su delegado, tendrá funciones como determinar medidas económicas para desarticular la economía criminal, recolectar información de inteligencia y proteger a la ciudadanía. Además, supervisará controles fronterizos y sistemas tecnológicos para impedir sabotajes y ataques a infraestructura vital.
Sanciones más duras para grupos armados organizados
El proyecto propone penas severas para quienes participen en grupos armados. Los integrantes enfrentarán entre 22 y 26 años de prisión, y quienes tengan roles de liderazgo serán sancionados con hasta 30 años. Estas medidas buscan disuadir la participación en la economía criminal que financia y sostiene el conflicto armado interno.
Con estas acciones, el Gobierno ecuatoriano pretende debilitar la economía criminal y avanzar hacia la pacificación y desarrollo económico en las zonas afectadas.
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