La detención del alcalde de Guayaquil ha encendido todas las alarmas en Ecuador. En un país golpeado por la violencia y el descrédito institucional, el pulso entre el presidente Daniel Noboa y la oposición alcanza su punto más álgido con la prisión de Aquiles Álvarez, uno de los líderes locales con mayor respaldo popular.
Más allá del expediente judicial, la pregunta que atraviesa el debate público es política: ¿se trata de un proceso aislado o de una pieza más en una estrategia de concentración de poder?
Un adversario elegido desde el inicio
Pocos meses después de llegar al Palacio de Carondelet, Noboa marcó su principal antagonista. No fue una figura marginal, sino el alcalde de la ciudad más poblada y motor económico del país: Guayaquil.
Álvarez llegó al cargo con el respaldo de Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, figura central y divisiva de la última década política ecuatoriana. Con una aprobación del 53,8% según la encuestadora CIES en enero —muy por encima del 36% que registraba Noboa—, el alcalde se consolidó como un contrapeso real al Ejecutivo.
Ese capital político convirtió la rivalidad en un duelo inevitable.
La detención que elevó la tensión
Hoy, Álvarez está en prisión. La Fiscalía lo investiga por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Se trata del segundo caso abierto en su contra; el primero surgió a partir de una denuncia de una agencia gubernamental vinculada al control de energía y recursos naturales, por una supuesta distribución ilícita de combustibles relacionada con su empresa familiar.
La defensa del alcalde denuncia irregularidades: falta de acceso completo al expediente, audiencias sin público ni prensa y la difusión, desde la fuerza pública, del video de su captura. El operativo fue ejecutado de madrugada y mostró a Álvarez y su familia en pijama, con las manos en alto frente a agentes armados. Las imágenes circularon antes de la audiencia judicial.
Determinar su culpabilidad o inocencia corresponde a los tribunales. Sin embargo, el contexto político amplifica las sospechas.
Señales de concentración de poder
En los 27 meses de mandato de Noboa, distintos episodios han alimentado la percepción de un Ejecutivo que avanza sobre otros poderes del Estado.
Entre ellos: un Congreso que aprueba leyes sin completar todos los procesos de socialización y debate; un Tribunal Contencioso Electoral que inhabilita a un rival en la antesala de la campaña presidencial; un Consejo Electoral que evita sancionar al mandatario por proselitismo; y el nombramiento de una exfiscal general como embajadora mientras aún ejercía funciones, en un periodo clave de investigaciones sensibles.
A ello se suma un Consejo de la Judicatura presidido por un funcionario cercano al Gobierno, lo que refuerza la idea de una arquitectura institucional cada vez más alineada con el Ejecutivo.
La política del miedo
Para el analista Pedro Donoso, el presidente “está jugando a lo grande”. Según su lectura, la concentración de poder no sería un efecto colateral, sino una estrategia deliberada: asumir un costo en popularidad para consolidar control sobre el aparato estatal.
La clave, afirma, está en la política del miedo. Si fiscales, jueces e incluso la Corte Constitucional perciben que cuestionar al Ejecutivo tiene consecuencias, el margen de contrapeso institucional se reduce drásticamente.
En un país atravesado por la crisis de violencia y el hartazgo ciudadano con la política tradicional, el dilema es profundo: ¿orden y autoridad a cualquier precio, o defensa estricta de los equilibrios democráticos?
La respuesta marcará el rumbo de Ecuador en los próximos años.
Fuente: El País
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