El Gobierno de Daniel Noboa prevé obtener cerca de 13.000 millones de dólares en créditos durante el año 2026 para cubrir el gasto público y financiar obras estratégicas en Ecuador, según consta en la proforma presupuestaria enviada a la Asamblea Nacional. Dentro de ese monto, una parte importante provendría de la banca china, que tras varios años de ausencia vuelve a figurar como una de las principales fuentes de financiamiento externo del país.
La banca china reaparece como socio financiero
De acuerdo con la información oficial, el Eximbank de China desembolsaría alrededor de 420 millones de dólares, mientras que el China Development Bank (CDB) otorgaría otros 344 millones. En conjunto, los créditos alcanzarían 764 millones de dólares, y estarían dirigidos a proyectos de inversión específicos en sectores como infraestructura, energía y transporte.
Esta modalidad de financiamiento no es nueva para Ecuador. Durante el gobierno de Rafael Correa, los bancos chinos jugaron un papel clave en el desarrollo de grandes obras públicas, entre ellas la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la Refinería del Pacífico (que no llegó a concretarse) y la Plataforma Financiera Gubernamental en Quito. En esos años, el país mantuvo una relación estrecha con Pekín, que implicó tanto préstamos estatales como acuerdos de preventa petrolera.
Evolución de la deuda ecuatoriana con China
En su punto más alto, en 2016, la deuda de Ecuador con China alcanzó los 9.612 millones de dólares, incluyendo los compromisos por preventas de crudo. Posteriormente, durante las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, el país redujo significativamente sus obligaciones con entidades chinas, buscando diversificar sus fuentes de financiamiento y negociar mejores condiciones con organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial.
A pesar de esa reducción, el Ecuador aún mantiene más de 2.200 millones de dólares pendientes con la banca china. El retorno de este tipo de préstamos, sin embargo, sugiere un nuevo ciclo de acercamiento financiero entre ambos países, con condiciones posiblemente más favorables y orientadas a inversiones específicas, en lugar de créditos de libre disponibilidad.
Expertos piden transparencia y control en el manejo de los fondos en Ecuador
Especialistas económicos advierten que el regreso de los créditos chinos no debe interpretarse como una señal de endeudamiento irresponsable, sino como una oportunidad de financiamiento siempre que se garantice un uso eficiente y transparente de los recursos.
Los analistas resaltan que las entidades financieras de China suelen ofrecer tasas de interés competitivas y plazos amplios, pero imponen condiciones que pueden beneficiar principalmente a sus propias empresas. Esto significa que, en la mayoría de los casos, las contratistas encargadas de ejecutar las obras son de origen chino, lo que reduce la participación de compañías locales y limita el impacto directo en la economía nacional.
Por ello, los expertos coinciden en que el reto para el Gobierno ecuatoriano será mantener un equilibrio entre la necesidad de obtener liquidez y el compromiso de fortalecer la transparencia y la fiscalización en la ejecución de los proyectos. La Contraloría y los organismos de control deberán jugar un papel clave para evitar irregularidades y asegurar que las inversiones beneficien de forma tangible al país.
Una estrategia de equilibrio económico para Ecuador
El regreso de los créditos chinos también puede interpretarse como parte de una estrategia más amplia del gobierno de Noboa para diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la dependencia de organismos multilaterales. Al incluir a bancos de distintas regiones, el Ejecutivo busca ampliar su margen de maniobra en la gestión económica y obtener condiciones más ventajosas para el país.
De concretarse los desembolsos previstos para 2026, el Ecuador estaría recibiendo nuevamente un respaldo financiero de China, aunque en un contexto distinto al de hace una década, con mayores exigencias internas de transparencia y un escenario internacional que demanda responsabilidad fiscal y sostenibilidad en la deuda pública.
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