La reforma a la Ley de Minería en Ecuador, impulsada a través del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, ha abierto un amplio debate en el país. Mientras el sector industrial respalda la iniciativa, organizaciones sociales y ambientalistas expresan su preocupación por los posibles impactos en derechos colectivos y recursos naturales.
La viceministra de Minas encargada, María Emilia Limongi, aseguró que la propuesta no disminuye los controles existentes, sino que elimina trámites que considera innecesarios y que retrasan el desarrollo de proyectos.
Gobierno defiende que no se afectan derechos de consulta
Uno de los principales cuestionamientos proviene de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que alertó que el proyecto urgente pondría en riesgo los derechos colectivos, los territorios y las fuentes de agua.
Sin embargo, desde el Ministerio de Energía y Minas se insiste en que la reforma no modifica ni elimina el derecho a la consulta previa. Según la viceministra, el proyecto mantiene intactas las garantías establecidas en la normativa vigente y en la Constitución.
No se elimina la licencia ambiental
Otra de las dudas que surgieron en torno a la reforma es la posible eliminación de la licencia ambiental. Frente a estas críticas, el Gobierno aclaró que este requisito no desaparece.
Las autoridades sostienen que los procesos de control ambiental continúan siendo obligatorios y que el objetivo de la reforma es simplificar procedimientos administrativos duplicados o considerados innecesarios, mas no debilitar la supervisión ambiental.
Ocho cambios para agilizar el sector minero
El Ejecutivo plantea ocho modificaciones a la Ley de Minería con el propósito de dinamizar la industria y agilizar ingresos para el Estado. La intención es fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía, promoviendo mayor inversión y desarrollo económico.
De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno, los ajustes buscan reducir tiempos en trámites, dar mayor claridad normativa y mejorar la competitividad del sector, sin alterar los mecanismos de control ni los derechos ciudadanos.
Debate entre desarrollo e impacto ambiental
La propuesta ha generado posiciones divididas. Por un lado, representantes de la industria minera consideran que la reforma permitirá mayor eficiencia y atraerá inversiones. Por otro, colectivos ambientalistas y organizaciones sociales temen que los cambios puedan facilitar actividades extractivas en zonas sensibles.
El debate se centra en el equilibrio entre el impulso económico y la protección de derechos colectivos, territorios indígenas y fuentes de agua, un tema que históricamente ha sido sensible en el país.
Fuente: El Universo
Te puede interesar:
El enfado de Cristiano Ronaldo sacude Arabia y pone en jaque al Al Nassr
