Durante su intervención ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el viceministro de Finanzas de Ecuador, Gary Coronel, fue enfático: “La economía criminal es el principal riesgo para el Ecuador”. Su declaración acompañó la sustentación del proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, enviado por el Ejecutivo con carácter económico urgente.
Esta advertencia cobra particular importancia en un país sumido en una crisis de seguridad sin precedentes, donde actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el lavado de activos han dejado de ser hechos aislados para consolidarse como estructuras que operan en paralelo a la economía formal, generando profundos impactos fiscales y sociales.
Pérdidas millonarias por evasión y lavado
Según Coronel, la evasión tributaria y la subdeclaración de ingresos ligadas a estas redes criminales generan pérdidas millonarias para el fisco ecuatoriano. La expansión de estas economías ilícitas compromete la sostenibilidad fiscal del Estado, deteriora el sistema de recaudación y desincentiva la formalidad empresarial.
Por ello, el Gobierno plantea un enfoque agresivo para enfrentar este flagelo desde la estructura financiera y tributaria. La propuesta normativa incluye medidas como:
- Rebajas al impuesto a la renta por donaciones a la Policía y Fuerzas Armadas.
- Formalización de recaudaciones en sectores estratégicos.
- Incentivos para zonas afectadas por la violencia.
- Administración más eficiente de los bienes incautados a bandas delictivas.
Una ley de “Solidaridad Nacional”
El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Damián Larco, indicó que la nueva normativa será conocida como la “Ley de Solidaridad Nacional”, y buscará fortalecer la cooperación público-privada en el combate al crimen organizado. Esta ley pretende ser un instrumento de choque contra el financiamiento ilegal, y además estimular la economía formal en territorios marcados por la violencia.
Coronel afirmó que estas medidas tendrán efectos inmediatos en la economía real, ya que fomentarán una recuperación productiva en áreas vulnerables, protegerán a empresas formales y ayudarán a debilitar la estructura financiera de las organizaciones delictivas.
El crimen como barrera regional al desarrollo
Las advertencias del viceministro ecuatoriano se alinean con el informe LACER 2025 del Banco Mundial, que dedica un capítulo completo a examinar el crimen organizado como una barrera crítica al desarrollo económico en América Latina y el Caribe.
El informe revela que doce países de la región, incluido Ecuador, figuran entre los 50 con mayores niveles de criminalidad, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Estas organizaciones criminales no solo controlan territorios, sino que operan con mecanismos sofisticados como lavado de dinero, captura institucional, extorsión y violencia letal.
El Banco Mundial advierte que estas redes:
- Reducen la inversión productiva debido a la inseguridad jurídica.
- Incrementan los costos de operación para empresas.
- Desvían recursos públicos clave hacia seguridad, afectando salud y educación.
- Deterioran el capital humano y natural, impidiendo un crecimiento sostenido.
Instituciones debilitadas: un desafío adicional
Uno de los mayores retos identificados por el Banco Mundial es la debilidad institucional. En Ecuador, las cárceles se han transformado en centros de operaciones criminales, mientras las fuerzas policiales luchan contra limitaciones operativas, bajo presupuesto y escasa confianza ciudadana.
Los sistemas judiciales, por su parte, no cuentan con herramientas eficaces para investigar y enjuiciar delitos complejos, lo que deja un amplio margen de impunidad. Ante este panorama, se insiste en que la represión policial no basta: se necesitan reformas estructurales, cooperación internacional y más oportunidades económicas para los jóvenes en riesgo.
¿Una ley suficiente?
Aunque el Gobierno ecuatoriano busca enviar un mensaje claro al crimen organizado, la implementación de la nueva ley dependerá de la capacidad institucional del país. Su éxito estará condicionado por la transparencia en la gestión de recursos incautados, el control ciudadano y la coordinación efectiva entre los diferentes niveles del Estado.
El debate ahora pasa a la Asamblea Nacional, que deberá evaluar si esta legislación urgente responde adecuadamente al desafío de desarticular el poder económico del crimen, sin caer en medidas abusivas o de dudosa efectividad.
Fuente: Infobae
Te puede interesar:
AVANZA A PASO FIRME EL NUEVO HOTEL ORO VERDE PORTOVIEJO: 97% DE OBRA EJECUTADA
