La disputa entre Municipio y CDP por el control del estadio llega a su etapa final
El futuro del Olímpico Atahualpa será definido judicialmente el próximo 4 de julio de 2025. Así lo anunció el juez José Cornejo, quien preside el proceso legal derivado del conflicto entre el Municipio de Quito y la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP). El litigio, que gira en torno a la administración y propiedad del estadio, se intensificó luego de una clausura realizada por la Agencia Metropolitana de Control.
Durante la audiencia del 24 de junio en la Unidad Judicial Anticorrupción, ambas partes defendieron su posición con vehemencia. La CDP presentó una acción de protección tras la decisión municipal de revertir la donación realizada en 1966. En ese contexto, el juez suspendió temporalmente la inscripción del predio como bien municipal, hasta dictar una sentencia definitiva sobre el futuro del Olímpico Atahualpa.
Clausura y conflicto legal
El conflicto comenzó el 8 de junio, cuando se detectaron cilindros de GLP en el interior del estadio. Esta situación llevó al alcalde Pabel Muñoz a anunciar, el 9 de junio, el inicio del proceso de reversión del bien. Según el Municipio, la CDP habría incumplido al menos cuatro de las ocho cláusulas estipuladas en la escritura original. Estas incluyen el mantenimiento adecuado del escenario deportivo y la promoción del acceso gratuito para estudiantes de instituciones municipales.
El 11 de junio, el Concejo Metropolitano aprobó oficialmente el inicio del proceso de reversión. A pesar de ello, el mismo día en que el alcalde afirmó que el estadio ya figura como propiedad de la ciudad, el juez Cornejo emitió una medida cautelar. Esta acción detuvo el trámite hasta que se resuelva el fondo del asunto, lo que será clave para el futuro del Olímpico Atahualpa.
Propuesta de gestión compartida
El 17 de junio, el Municipio de Quito y el Ministerio del Deporte anunciaron la conformación de mesas técnicas. Esta medida tiene como objetivo analizar un nuevo modelo de gestión para el recinto, construido en 1951. Ambas entidades reconocieron el deterioro de la infraestructura y coincidieron en la necesidad de incluir inversión privada. Esta propuesta, sin embargo, no detiene el juicio en curso, que decidirá el futuro del Olímpico Atahualpa.
En paralelo, la CDP ha mantenido que cumple con los objetivos deportivos y sociales que justificaron la donación original. En su defensa, señala que la administración municipal no puede alegar incumplimientos sin pruebas documentadas suficientes.
Sentencia será decisiva
El 4 de julio será la fecha definitiva en la que se determine el futuro del Olímpico Atahualpa. La sentencia del juez Cornejo decidirá si el estadio sigue bajo la gestión de la Concentración Deportiva de Pichincha o si se transfiere al Municipio de Quito. En ese contexto, se espera que esta decisión siente un precedente sobre la administración de bienes públicos donados con condiciones específicas.
Sin lugar a dudas, el futuro del Olímpico Atahualpa representa no solo un tema legal, sino también simbólico y estratégico para la ciudad de Quito. Su resolución tendrá implicaciones duraderas en el manejo del patrimonio deportivo del país.
Más noticias:
Fuente:
