Enfoque militarizado de la seguridad en Ecuador genera preocupación a nivel internacional, tras las observaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El organismo, además, instó al Estado a replantear su estrategia y priorizar un modelo alineado con estándares de derechos humanos.
Observaciones del Comité de la ONU
El informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas se emitió tras evaluar a Ecuador en el marco de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Durante este proceso, el organismo analizó información oficial presentada en sesiones realizadas en marzo de 2026.
Según el documento, el enfoque militarizado de la seguridad ha incrementado riesgos asociados a desapariciones forzadas. Además, el Comité identificó al menos 51 casos desde 2024 en contextos vinculados a operativos de seguridad.
Aunque reconoce el impacto del crimen organizado, el organismo advierte que la expansión del rol militar en tareas internas genera tensiones con principios fundamentales. Por lo tanto, recomienda una reconfiguración de la política pública de seguridad.
Enfoque militarizado: Estados de excepción bajo análisis
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el uso recurrente de estados de excepción. Desde enero de 2024, Ecuador ha decretado al menos 21 medidas de este tipo, junto con varias renovaciones.
Según el Comité, esta práctica flexibiliza controles institucionales y amplía las facultades de la fuerza pública. En consecuencia, se incrementa el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas.
Además, el organismo cuestiona la aplicación de toques de queda recientes. Considera que no existen suficientes salvaguardas para prevenir actuaciones desproporcionadas. Por lo tanto, recomienda limitar estas medidas y garantizar control judicial efectivo.
Críticas al Plan Fénix y control civil
El informe también analiza la estrategia gubernamental conocida como Plan Fénix. Según el Comité, la falta de información pública sobre este plan genera opacidad institucional.
Asimismo, el organismo advierte sobre la ausencia de mecanismos de control civil sobre las Fuerzas Armadas. Esta situación, además, dificulta la rendición de cuentas en operativos de seguridad.
El Comité señala que la negativa de instituciones militares a entregar información a la Fiscalía obstaculiza las investigaciones. En consecuencia, esta práctica contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Enfoque militarizado: Registro de desaparecidos y subregistro
Otro aspecto relevante del informe es la debilidad en los sistemas de registro. Aunque Ecuador cuenta con plataformas como el sistema DAVIID, no dispone de un registro único e interoperable.
Entre 2022 y 2025, se reportaron más de 30 000 personas desaparecidas bajo la categoría de desaparición involuntaria. Sin embargo, el sistema actual no permite diferenciar claramente los casos de desaparición forzada.
Por lo tanto, el Comité recomienda implementar un registro nacional integral. Este sistema debe incluir información desagregada sobre identidad, contexto y estado de las investigaciones.
Denuncias y grupos vulnerables
El informe recoge denuncias sobre desapariciones presuntamente ocurridas en operativos de seguridad. Estas situaciones afectan principalmente a provincias como Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.
Además, el Comité advierte que poblaciones afroecuatorianas en situación de vulnerabilidad resultan desproporcionadamente afectadas. También identifica prácticas como detenciones arbitrarias y obstáculos para presentar denuncias.
En consecuencia, el organismo subraya la necesidad de fortalecer garantías procesales. Asimismo, enfatiza la importancia de generar confianza institucional para evitar el subregistro de casos.
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