Este jueves, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional española celebró una vista clave para decidir el futuro de William Joffre A., alias Comandante Willy. Señalado como uno de los líderes de la organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones. El Ministerio Fiscal ha respaldado la solicitud de extradición presentada por las autoridades ecuatorianas. Mientras que la defensa del procesado se opone férreamente, argumentando que su vida corre peligro si es entregado a Ecuador.
Durante la audiencia, el encausado manifestó que teme por su vida si regresa a su país natal, alegando que las cárceles están controladas por bandas armadas y que ha recibido amenazas. Tanto él como su hermano, también detenido en la misma operación.
Argumentos de la Fiscalía
La fiscal del caso sostuvo que los hechos atribuidos a William Joffre A. se enmarcan en el delito de delincuencia organizada, correspondiente en España al de dirección de organización criminal. Afirmó que existen pruebas de que el acusado tiene vínculos con redes delictivas que se dedican a la extorsión, tráfico de explosivos y municiones, así como amenazas sistemáticas.
Además, subrayó que se cumplen los requisitos legales para conceder la extradición: los delitos no han prescrito, no existe una sentencia previa y se reconoce la doble incriminación. Por ello, consideró que la entrega debe ejecutarse conforme a la normativa internacional.
Defensa: riesgo de muerte y juicio sin garantías
El abogado defensor, Gonzalo Boye, presentó una línea argumentativa centrada en la falta de garantías judiciales y el contexto violento de Ecuador. Señaló que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha declarado públicamente que jueces y fiscales que no se alineen con su política de mano dura contra las bandas criminales serán considerados cómplices. Lo que socavaría el derecho a un juicio justo.
También argumentó que existen errores de identificación en los documentos remitidos por Ecuador, al atribuirse hechos tanto al acusado como a su padre, quienes comparten nombre. Esto, dijo, compromete el principio de especialidad y la doble incriminación.
Boye solicitó al tribunal que pida más documentación aclaratoria antes de pronunciarse y alertó sobre altos riesgos: entre 60 % y 70 % de posibilidad de fallecimiento en prisión y hasta 85 % de sufrir tratos inhumanos o degradantes si es extraditado.
La detención en España
La detención del Comandante Willy se produjo en octubre de 2024, cuando la Guardia Civil española, en coordinación con la Policía ecuatoriana. Arrestó a los dos principales líderes de Los Tiguerones en Segur de Calafell (Tarragona). Ambos usaban documentos falsos para evitar ser localizados por la justicia. La operación estuvo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Se los vincula con el asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez, quien investigaba el asalto a un canal de televisión por un comando armado, además de varios casos de narcotráfico y terrorismo.
‘Los Tiguerones’: una organización considerada terrorista
El Gobierno de Ecuador ha catalogado a Los Tiguerones como organización terrorista por su capacidad de ejecutar actos de violencia indiscriminada. Como atentados con coches bomba. Se les atribuye el ataque a TC Televisión, ocurrido durante una transmisión en vivo, con el objetivo de frenar la presión estatal sobre las bandas criminales.
La Policía española sostiene que William Joffre A. vivía en Cataluña desde hace años, utilizando documentación falsa. Dirigiendo a distancia las operaciones delictivas de su organización en Ecuador.
La Audiencia Nacional deberá ahora evaluar los argumentos presentados por ambas partes. Mientras la Fiscalía insiste en que se cumplen los requisitos jurídicos para la extradición, la defensa pide detener el proceso o exigir garantías específicas a través de mecanismos internacionales como la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos.
El caso del Comandante Willy se enmarca en un contexto más amplio de cooperación judicial entre España y Ecuador. En el que la lucha contra el crimen organizado trasnacional se ha convertido en una prioridad compartida, aunque no exenta de desafíos en materia de derechos humanos y debido proceso.
Fuente: Infobae
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