Los estados de excepción en Ecuador acumulan más de 550 días en cuatro provincias costeras sin lograr contener la violencia criminal. Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro permanecen bajo régimen constitucional excepcional desde hace año y medio, pero registran cifras históricas de homicidios durante 2025.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha emitido 17 decretos de estado de excepción para enfrentar la criminalidad organizada. Sin embargo, estos territorios rompieron sus propios récords de muertes violentas este año. Los datos oficiales del Ministerio del Interior, disponibles hasta noviembre, revelan un panorama adverso para la estrategia de militarización implementada.
Guayas, Los Ríos y Manabí Registran Cifras Históricas de Violencia
Entre enero y noviembre, Guayas registró 3.771 homicidios, superando los 3.495 casos del mismo periodo de 2023. El incremento fue del 7,9% frente a 2023 y casi 30% respecto a 2024. Esta provincia concentra el 45% de todos los homicidios del país, donde se contabilizaron 8.393 muertes violentas en ese lapso.
Los Ríos cruzó un umbral inédito al cerrar noviembre con 1.167 homicidios, superando por primera vez la barrera de las mil muertes violentas. El repunte fue el más alto de la región: 55,8% más que 2024. Manabí también rompió su máximo histórico con 1.162 homicidios, incremento de 48,7% frente al año anterior.
Por su parte, El Oro reportó 708 muertes violentas entre enero y noviembre, el peor registro desde que existen datos sistematizados. La cifra representa un aumento de 38,2% frente a 2024. En conjunto, los estados de excepción en Ecuador acumulan más de 550 días en estas provincias sin revertir la tendencia ascendente de la violencia.
Corte Constitucional Advierte Sobre Uso Prolongado del Régimen Excepcional
En septiembre de 2025, la Corte Constitucional alertó sobre los riesgos de extender indefinidamente los estados de excepción. En dictamen sobre el Decreto Ejecutivo 76, el juez ponente Raúl Llasag señaló que las cuatro provincias habían permanecido al menos 445 días bajo régimen constitucional excepcional.
Posteriormente, un nuevo decreto emitido el 4 de noviembre prolongó la excepcionalidad hasta el 3 de enero de 2026. Esto extiende el régimen por año y medio en estos territorios. Para la Corte, el estado de excepción «no debe convertirse en una respuesta rutinaria frente a fenómenos estructurales» como la delincuencia.
«Los estados de excepción no deben utilizarse como mecanismos para encubrir deficiencias estructurales ni para sustituir políticas públicas de seguridad y desarrollo», enfatizó Llasag. El organismo advirtió que recurrir prolongadamente a medidas extraordinarias deriva en una «distorsión funcional» que no resuelve causas profundas de la violencia.
Estados de Excepción en Ecuador: Limitaciones de la Militarización Contra el Crimen Organizado
Para Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC), la persistencia de la violencia pese a la militarización responde a la capacidad de adaptación criminal. Explica que la aparente contención de homicidios en 2024 fue circunstancial porque aún no se había producido fragmentación profunda de grupos como Los Chone Killers o Los Lobos.
Durante 2025, la ruptura de estructuras criminales, sumada a la pérdida de hegemonía de Los Choneros tras la extradición de su líder, generó nuevas disputas territoriales. Esto explica el repunte de homicidios en Manabí y Los Ríos. Rivera señala que la militarización puede tener efectos de corto plazo, pero no logra impactos sostenidos en reducción de homicidios.
Ciudades como Durán, en Guayas, viven episodios de militarización desde 2018 y en sucesivos estados de excepción desde 2021. Sin embargo, no han logrado disminuir estructuralmente las muertes violentas, lo que evidencia las limitaciones del enfoque predominantemente militar.
Captura de Objetivos de Alto Valor y Fragmentación Criminal
Rivera también abordó el impacto de la captura de más de veinte objetivos de alto valor en 2025, principal bandera del Gobierno Nacional. La categoría es definida discrecionalmente por la Policía y suele usarse como «herramienta política», más que como parte de una política criminal integral.
En la práctica, la detención de un líder provoca fragmentación interna, disputas por control organizacional y reacomodos violentos, lo que tiende a incrementar homicidios. Además, los aprehendidos llegan a prisiones convertidas en centros de articulación del crimen organizado. Aún están por verse los efectos del aislamiento de cabecillas en la cárcel de máxima seguridad de Santa Elena desde noviembre.
Gobierno Enfoca Estrategia 2026 en Estructuras Económicas Criminales
El ministro del Interior, John Reimberg, reconoce que entre los pendientes está golpear con suficiente fuerza las estructuras económicas de las organizaciones criminales. Se destaca la reciente extradición desde Emiratos Árabes Unidos de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias «Gerente», investigado por presunto lavado de USD 105 millones vinculado al narcotráfico.
«Estamos combatiendo la estructura económica y vamos a llegar a los cuellos blanco, a los encargados de lavar el dinero del narcotráfico y de la minería ilegal», afirmó Reimberg. El funcionario insiste que el país se encuentra en una «guerra» contra el crimen organizado.
La estrategia para 2026 incluye represión del delito, captura de más buscados, instalación de cámaras y puntos de contacto ciudadano mediante códigos QR. También contempla despliegue de vehículos dotados con cámaras y drones destinados a grupos motorizados en zonas vulnerables.
Perspectivas Para la Seguridad en las Provincias Bajo Régimen Excepcional
A pesar de que los estados de excepción en Ecuador acumulan más de 550 días en las provincias más violentas, los resultados cuestionan la efectividad de la estrategia implementada. El balance de 2025 demuestra que el régimen constitucional excepcional no ha logrado contener la expansión de la violencia criminal en territorios clave.
La Corte Constitucional subraya que factores como debilidad institucional, desigualdad y exclusión social amplifican la criminalidad. Estos requieren políticas públicas diferenciadas más allá de la militarización. El desafío para 2026 consistirá en transitar hacia estrategias integrales que ataquen causas estructurales de la violencia, complementando el enfoque represivo con desarrollo institucional y social sostenido.
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