El Gobierno de Daniel Noboa implementa una estrategia económica y fiscal de Ecuador en 2026 centrada en dos pilares fundamentales: acelerar la producción minera y aplicar austeridad presupuestaria. Esta combinación busca estabilizar las finanzas públicas ante la escasez de liquidez y el limitado acceso a crédito internacional.
Un reciente informe de JP Morgan advierte que el país enfrenta desafíos estructurales que comprometen su sostenibilidad fiscal. Por tanto, el Ejecutivo apuesta por transformar el modelo productivo mediante reformas urgentes en sectores estratégicos.
La Minería se Consolida como Fuente Urgente de Divisas
El sector minero se posiciona como columna vertebral de la nueva estrategia económica y fiscal de Ecuador en 2026. Según proyecciones de JP Morgan, las exportaciones mineras superarán los $3.000 millones este año, consolidándose como fuente clave de ingresos externos.
Para acelerar este proceso, el Gobierno envió a la Asamblea una ley económica urgente que incluye medidas específicas. Entre ellas destacan la modernización de permisos ambientales, agilización de aprobaciones de proyectos y mayor seguridad jurídica para inversionistas.
Además, la propuesta contempla la ampliación de periodos de exploración y la creación de clusters mineros con infraestructura concentrada. Asimismo, se incluyen medidas para combatir la minería ilegal que afecta la competitividad del sector formal.
No obstante, el informe advierte que persisten obstáculos regulatorios. La tasa de supervisión minera introducida en 2025 sigue representando un costo adicional para las empresas del sector.
Regalías Mineras para Desarrollo Local y Reducción de Conflictos Sociales
Garantizar que las comunidades locales se beneficien directamente de la actividad extractiva constituye un componente crítico. Por ende, el Gobierno planteó otra ley económica urgente dirigida a los gobiernos locales.
Esta normativa exige que los municipios destinen al menos 70% de sus presupuestos a inversión e infraestructura hasta 2029. Si no cumplen, sus transferencias desde el Presupuesto General del Estado se reducirían al mínimo constitucional.
Según JP Morgan, el objetivo es asegurar que las regalías mineras no se diluyan en gasto corriente. La medida busca canalizar efectivamente estos recursos hacia desarrollo territorial visible.
Esto apunta directamente a uno de los principales focos de conflictividad social en proyectos extractivos. Al garantizar obras como carreteras, agua potable, hospitales y escuelas, el Gobierno intenta legitimar la minería como herramienta de progreso comunitario.
Crisis Energética: Principal Barrera para el Crecimiento Económico
El impulso minero está directamente ligado a resolver el déficit energético nacional. Ecuador enfrenta una brecha de generación cercana a 866 megavatios que ha provocado apagones y limita la actividad productiva.
Por esta razón, la ley económica urgente obliga a nuevos proyectos mineros a generar su propia energía. Igualmente, promueve la autoproducción privada en otros sectores industriales.
Además, amplía los casos en que el Estado puede delegar proyectos eléctricos al sector privado. Esto aplica especialmente en situaciones de emergencia o retrasos críticos en obras públicas.
Esta política busca avanzar hacia la autosuficiencia energética. Dicha condición resulta indispensable para atraer inversión extranjera directa en sectores de alto consumo eléctrico.
Ajuste Fiscal y Austeridad para Contener el Déficit Presupuestario
Mientras se impulsan nuevas fuentes de ingresos, el Gobierno ejecuta simultáneamente un ajuste fiscal restrictivo. JP Morgan proyecta que la política económica pasará de expansiva en 2025 a contractiva en 2026.
La consolidación fiscal no petrolera equivaldrá a 1 punto del PIB. Entre los factores clave están la eliminación gradual de subsidios al diésel, implementada a finales de 2025.
También se contempla la reducción de medidas compensatorias asociadas durante 2026. Asimismo, se prioriza el control del gasto corriente y la focalización de la inversión pública.
El informe estima que el déficit del gobierno central podría situarse en 2,8% del PIB. Esto representa más de $3.700 millones en términos absolutos para el ejercicio fiscal 2026.
Los datos de enero muestran resultados mixtos. El gobierno registró superávit primario de 0,7% del PIB y superávit global de 0,2% del PIB.
Sin embargo, estos indicadores empeoraron respecto al año anterior. La causa principal fueron mayores pagos de intereses de deuda y transferencias corrientes incrementadas.
Los ingresos petroleros se duplicaron interanualmente gracias a la eliminación de subsidios al diésel. No obstante, este aumento fue parcialmente neutralizado por mayores transferencias del gobierno central.
Menor Presión por Financiamiento Externo, pero Problemas Estructurales Persisten
La recompra reciente de deuda externa redujo los pagos futuros en aproximadamente $500 millones anuales. Esto alivia el perfil de vencimientos durante los próximos cinco años.
Gracias a esta operación, JP Morgan estima que la brecha de financiamiento será manejable. Se proyecta en promedio 0,4% del PIB hasta 2028, proporcionando mayor flexibilidad a corto plazo.
No obstante, el acceso a mercados internacionales sigue condicionado por la percepción de riesgo país. La credibilidad fiscal y el cumplimiento de metas resultan determinantes para futuras colocaciones.
Estrategia Económica y Fiscal de Ecuador en 2026: Necesaria pero Frágil
El análisis de JP Morgan concluye que la estrategia económica y fiscal de Ecuador en 2026 intenta resolver simultáneamente múltiples problemas estructurales. Entre ellos destacan la dependencia de ingresos volátiles, falta de inversión privada y debilidad energética.
La combinación de minería acelerada, disciplina fiscal y reformas institucionales busca romper este círculo vicioso. Sin embargo, el éxito dependerá de la velocidad de implementación y la aceptación social.
Si la inversión minera se retrasa o el ajuste afecta excesivamente la economía, el país podría enfrentar nuevas tensiones fiscales. El objetivo final es remover cuellos de botella persistentes para liberar el potencial de crecimiento y estabilizar las finanzas públicas de forma sostenible.
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