La Fiscalía General del Estado emitió un pronunciamiento oficial ante el escenario de movilizaciones sociales que se registran en distintas provincias del país. La institución recordó que la Constitución reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que este no puede ser utilizado como justificación para cometer actos de violencia, destrucción de bienes públicos o privados, ni para alterar el orden social.
El comunicado señala que el ejercicio de los derechos ciudadanos debe enmarcarse siempre en la legalidad y que ninguna manifestación puede convertirse en un espacio para vulnerar la seguridad de las personas o el funcionamiento de los servicios esenciales.
Manifestación pacífica como derecho constitucional
De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, el artículo 66 de la Constitución, en su numeral 13, ampara el derecho a la protesta pacífica, lo que implica que los ciudadanos pueden expresar su inconformidad sin temor a represalias. Sin embargo, ese derecho tiene límites claros: no incluye actos de sabotaje, terrorismo, paralización de servicios públicos, destrucción de infraestructura, ataques a servidores del orden ni incitación a la violencia.
La institución subrayó que estas conductas están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que, por tanto, quienes las cometan deberán responder ante la justicia.
Delitos en el marco de las protestas
El organismo recordó que los bienes jurídicos protegidos, como la seguridad pública, la integridad de las personas, la infraestructura del Estado y el orden institucional, no pueden ser vulnerados bajo el pretexto de ejercer un derecho ciudadano. En este sentido, la Fiscalía enfatizó que investigará de manera firme cualquier hecho que configure delitos en el contexto de las protestas.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer la protesta en paz, de forma organizada y sin recurrir a la violencia, a fin de que la voz de la sociedad se exprese de manera legítima y dentro de lo que la ley establece.
Control de la fuerza pública y respeto a derechos humanos
La Fiscalía también se refirió al rol de las instituciones de control y seguridad. Recordó que estas deben actuar bajo parámetros legales, respetando los derechos humanos y evitando el uso desmedido de la fuerza. La entidad aclaró que no solo investigará los delitos cometidos en el marco de las movilizaciones, sino también los posibles abusos cometidos por agentes del orden.
El comunicado señala que se abrirán investigaciones si se presentan denuncias sobre excesos, con el objetivo de garantizar imparcialidad y respeto a la justicia.
Contexto de tensión y medidas estatales
El pronunciamiento ocurre en un escenario de tensión social, en el que el Ejecutivo ha decretado medidas excepcionales para mantener el orden público. La Fiscalía considera necesario reafirmar su compromiso con la legalidad en un momento en que el país enfrenta una coyuntura compleja, donde convergen demandas sociales, políticas y económicas.
La institución insistió en que el derecho a la protesta no puede convertirse en una vía para la destrucción o el caos. Señaló que su rol es garantizar que quienes se manifiesten de manera pacífica puedan hacerlo sin riesgo, mientras que los responsables de actos ilícitos deberán enfrentar la acción de la justicia.
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