La gestión de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura (CJ) completa su primer trimestre sin avances visibles. A pesar de las expectativas iniciales, no se evidencian decisiones estructurales para ejecutar una reforma judicial pendiente desde 2019.
Los vocales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados en la Asamblea Nacional para un periodo de seis años. Este proceso se concretó en septiembre de 2025. Desde entonces, el organismo enfrenta múltiples temas rezagados que aún no registran resoluciones.
Expectativas tras la nueva conformación del CJ
La actual configuración del CJ generó altas expectativas institucionales. La integración de cinco nuevos vocales fue considerada un paso clave. El objetivo era impulsar una transformación profunda del sistema judicial ecuatoriano.
La Judicatura está integrada por Mario Godoy, delegado de la Corte Nacional de Justicia. También participan Fabián Fabara, de la Asamblea Nacional; Magaly Ruiz, de la Fiscalía General del Estado; Damián Larco, del Ejecutivo; y Alfredo Cuadros, de la Defensoría Pública. No obstante, la gestión de Mario Godoy aún no logra consensos para resolver al menos cinco asuntos críticos.
Escándalo y riesgo de dilaciones institucionales
Desde el 17 de diciembre, Mario Godoy se encuentra envuelto en un escándalo público. La situación surge tras una denuncia presentada por el juez Carlos Serrano. Como consecuencia, el presidente del CJ solicitará licencia. Su objetivo es preparar su defensa ante la Asamblea Nacional.
Esta situación podría retrasar aún más las decisiones del Pleno. En consecuencia, los procesos pendientes corren el riesgo de dilatarse indefinidamente.
Temas pendientes en la gestión de Mario Godoy
Entre los asuntos sin resolver consta el concurso para conformar un banco de elegibles. Este proceso busca cubrir al menos 500 vacantes judiciales a escala nacional. Aunque fue aprobado en abril de 2024, no registra avances.
También está pendiente el concurso para designar magistrados en judicaturas especializadas. Esta obligación deriva de la consulta popular de abril de 2024. La creación de 167 dependencias judiciales fue anunciada en octubre, pero no se han adoptado nuevas decisiones.
Otro punto crítico es la evaluación de fiscales. Según declaraciones oficiales, no han sido evaluados desde hace 12 años. Además, existe un déficit de 600 fiscales y ausencia de concursos públicos desde 2015.
A esto se suma el nombramiento de once jueces de la Corte Nacional de Justicia. La Corte permanece incompleta desde 2019. Varios procesos fueron anulados por anomalías internas, incluso durante la primera administración de Godoy.
Finalmente, la evaluación de cerca de 590 notarios sigue postergada desde hace casi cuatro años.
Falta de transparencia presupuestaria
Hasta el cierre de esta nota, se desconoce el porcentaje de ejecución presupuestaria del CJ. La información fue solicitada oficialmente. Sin embargo, no hubo respuesta institucional.
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