Proyecciones del Ejecutivo
El Ejecutivo ecuatoriano mantiene en su proforma presupuestaria 2025 la expectativa de ingresos por 4.700 millones de dólares provenientes de licitaciones petroleras. La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, aseguró que se realizan esfuerzos para concretar estos recursos, aunque faltan pocos meses para cerrar el año fiscal.
Jaramillo explicó que la proforma es un ejercicio referencial y que se construyó con datos disponibles en ese momento. Subrayó además que el cálculo oficial se basó en un crecimiento del 2,8%, cuando las cifras recientes muestran un 3,9%. Ante la posibilidad de no alcanzar los ingresos, el Gobierno cuenta con financiamiento de organismos multilaterales.
La licitación del OCP
Uno de los ingresos más significativos previstos es la concesión del Oleoducto de Crudos Pesados, estimada en 750 millones de dólares. Sin embargo, este proceso lleva años anunciado sin concretarse, lo que mantiene la incertidumbre sobre su cumplimiento.
Jaramillo destacó la mejora en el riesgo país, que cayó a 716 puntos en septiembre, luego de haber estado en 2.016 puntos al inicio del gobierno de Daniel Noboa. Según la vocera, este descenso abre mejores condiciones para conseguir financiamiento internacional.
Críticas al presupuesto
Pese al optimismo oficial, especialistas cuestionan la viabilidad del plan fiscal. El economista Jaime Carrera calificó la proforma como irresponsable, señalando que se inventan ingresos y se elevan gastos sin sustento real.
El presupuesto contempla además una reducción de subsidios a los combustibles del 19%, pasando de 3.093 millones a 2.504 millones. Este ajuste se atribuye más a la baja en los precios internacionales que a una reforma estructural. El diésel sigue siendo el mayor gasto con 1.194 millones, mientras que el gas licuado de petróleo aumentará su subsidio a 870 millones.
Defensa reiterada del Gobierno
No es la primera ocasión en que Jaramillo respalda la proforma 2025. En agosto afirmó que la menor producción petrolera se debe a las interrupciones en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano y en el propio OCP, así como a la caída en los precios internacionales.
El déficit fiscal proyectado se mantiene en torno al 4% del PIB, sin considerar nuevos impuestos y garantizando la continuidad de programas sociales y bonos. Además, el Ejecutivo anunció la fusión de ministerios y la desvinculación de 5.000 funcionarios como parte de un plan de eficiencia administrativa.
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