El Gobierno defiende la reforma minera y asegura que no se elimina la licencia ambiental ni se flexibilizan los controles, sino que se corrige una «desconexión normativa» entre la Ley de Minería y el Código Orgánico del Ambiente (COA). Así lo explicaron la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y la viceministra de Minas, Emilia Limongi, tras las críticas al proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea el 28 de enero de 2026.
Las autoridades enfatizaron que la reforma no crea nuevos permisos, ni elimina la licencia ambiental. Lo que busca es actualizar la terminología de la Ley de Minería para alinearla con el COA (2017), que establece un sistema de autorizaciones administrativas ambientales diferenciadas por nivel de riesgo. En consecuencia, actividades de bajo impacto podrían optar a un registro ambiental, mientras las de alto riesgo continuarán exigiendo licencia ambiental. Ambas conllevan control, fiscalización y sanciones.
Licencia ambiental y registro: no es una flexibilización, es una adecuación técnica
La reforma minera no elimina la licencia ambiental; la adecúa al marco legal vigente. El COA ya no contempla la licencia como único permiso, sino que incorpora el registro y el certificado ambiental, aplicables según la magnitud del impacto. Sin embargo, la Ley de Minería mantenía un lenguaje obsoleto que exigía licencia para toda actividad, generando trámites desproporcionados para exploraciones pequeñas y sin riesgo químico.
Limongi aclaró que un comité técnico del Ministerio del Ambiente será el encargado de definir, caso por caso, si una actividad requiere licencia o registro, basándose en variables como tipo de impacto, manejo de desechos peligrosos y existencia de descargas. El catálogo ambiental se actualiza periódicamente, garantizando que la decisión sea técnica y no discrecional. Por tanto, no hay una «puerta de entrada única», sino una evaluación personalizada.
Los cambios que sí trae la reforma: menos trámites y seguridad jurídica
Más allá de la polémica sobre los permisos, el proyecto introduce medidas concretas para dinamizar la inversión y proteger los proyectos estratégicos:
- Autorización única para toda la fase de exploración. Se elimina la necesidad de tramitar permisos adicionales al pasar de exploración inicial a avanzada, al ser un proceso continuo.
- Clústeres mineros y áreas de seguridad estratégica. Se busca concentrar facilidades operativas y, ante riesgos justificados, declarar protección militar para evitar el ingreso de mineros ilegales y grupos armados, como ocurrió en Río Blanco. No implica militarización permanente.
- Autogeneración eléctrica obligatoria. Se eleva a rango de ley la exigencia de que nuevos proyectos mineros cuenten con su propia generación de energía, aliviando la demanda nacional.
Al defender la reforma minera y negar que se elimine la licencia ambiental, el Gobierno intenta despejar las dudas sobre una supuesta desregulación. La ministra Manzano insistió en que el objetivo es promover la inversión responsable, no relajar controles. Finalmente, el debate legislativo definirá si estas aclaraciones técnicas logran traducirse en consenso o si la oposición mantiene su postura crítica ante un sector históricamente sensible en Ecuador.
Más noticias:
El Auge y Caída del Noni: Un Análisis Detallado del Auge y caída del noni en la Salud Natural
Fuente:
