Medida económica temporal para zonas más impactadas
Quito, octubre de 2025.– El Gobierno permite diferir deudas por 90 días a afectados por el paro indígena, una medida que busca aliviar la situación financiera de personas y negocios perjudicados por las protestas.
El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 192, que autoriza el aplazamiento de hasta tres cuotas de créditos sin intereses, recargos ni multas. Este beneficio aplica a los habitantes y emprendedores de Carchi, Imbabura, Cayambe, Pedro Moncayo, Guayllabamba y Calderón, zonas seriamente afectadas por los 31 días de paralización.
Gobierno permite diferir deudas: Apoyo financiero sin recargos ni mora
El Gobierno permite diferir deudas por 90 días a afectados por el paro indígena con el fin de que los créditos no generen morosidad. Durante ese período, los pagos suspendidos se trasladarán al final del cronograma original sin acumular costos adicionales.
Esta disposición incluye a clientes del sistema financiero público, privado, popular y solidario, enmarcándose dentro del programa de reactivación “Firmes con Noboa”.
Incluso las empresas que ofrecen créditos sin ser entidades bancarias podrán aplicar medidas similares para contribuir a la recuperación económica local.
Gobierno permite diferir deudas: Procedimiento y flexibilidad de pago
El trámite podrá realizarse a solicitud del cliente o por iniciativa de la entidad financiera, siempre con la aprobación escrita del deudor. Asimismo, los bancos y cooperativas podrán ofrecer reestructuraciones o refinanciamientos sin cobros adicionales.
La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria será la encargada de definir los detalles operativos, como las fechas de corte, las cuotas elegibles y los mecanismos de supervisión.
Reactivación tras las secuelas del paro
Con esta decisión, el Gobierno permite diferir deudas por 90 días a afectados por el paro indígena y mitiga las consecuencias económicas del prolongado conflicto social.
La medida representa un respiro para familias, microempresas y pequeños comercios, especialmente en provincias donde la paralización detuvo actividades agrícolas, turísticas y comerciales.
El Ejecutivo busca, además, fortalecer la confianza y estabilidad del sistema financiero, promoviendo una recuperación sostenible para las comunidades que más sufrieron el impacto del paro.
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