Presiones previas a la intervención estatal
El caso en el que el Gobierno presionó salida de periodistas de Diario Expreso marca un nuevo episodio de tensión entre el poder político y la prensa en Ecuador. Antes de la intervención a la empresa editora del medio, el Ejecutivo habría solicitado la desvinculación de dos comunicadores críticos.
Gobierno presionó salida de periodistas antes de la intervención
El diario Diario Expreso, fundado el 25 de julio de 1973 en Guayaquil y con circulación nacional, habría recibido la petición oficial para separar a los periodistas Martín Pallares y Roberto Aguilar, según reveló el abogado del medio, Eduardo Carmigniani.
La solicitud se habría dado antes de que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dispusiera la intervención de Gráficos Nacionales (Granasa), empresa editora también del diario Diario Extra.
De acuerdo con el abogado, la respuesta fue clara: ni los periodistas mencionados ni la defensa legal abandonarían el medio. Además, aseguró que la línea editorial no será modificada pese a las presiones.
Argumentos de la Superintendencia tras el caso
La intervención a Granasa se ejecutó el 18 de febrero tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, conocida como Inmobiliar, entidad que posee el 2,56% de las acciones de la compañía.
El organismo de control sostuvo que la empresa habría incumplido la entrega de información solicitada y señaló supuestas irregularidades en la transferencia del 40% del paquete accionario.
En paralelo, el contexto político ha estado marcado por una postura editorial crítica hacia el Gobierno del presidente Daniel Noboa, lo que ha intensificado el debate público sobre independencia periodística.
Acción del Gobierno genera reacción internacional
La Sociedad Interamericana de Prensa manifestó preocupación por la intervención estatal y advirtió que el proceso podría interpretarse como un mecanismo de censura indirecta.
El organismo instó a las autoridades ecuatorianas a actuar con transparencia y respeto al debido proceso, recordando la importancia de proteger la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el país.
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