El 16 de mayo de 2025, la jueza Daniella Camacho determinó archivar la investigación previa contra el expresidente Guillermo Lasso en el denominado caso Flopec. La resolución judicial se dio luego de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitara el archivo por considerar que no existían elementos suficientes que presuman responsabilidad penal por peculado o delincuencia organizada. Esta decisión marca un punto de inflexión en uno de los casos más controversiales de los últimos años en la política ecuatoriana.
El caso Flopec, que tenía como eje un supuesto perjuicio económico al Estado en un contrato de transporte de combustibles con la empresa Amazonas Tanker, fue utilizado como fundamento para el juicio político que enfrentó Lasso en 2023, hecho que desembocó en la aplicación de la “muerte cruzada”. Esta figura constitucional permitió la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones anticipadas, alterando el rumbo del país.
La reacción del expresidente Lasso
Tras conocerse el archivo del caso, Guillermo Lasso rompió su silencio y se pronunció públicamente sobre el proceso. A través de un comunicado, el exmandatario calificó la investigación como “un show político acompañado de una farsa mediática”, asegurando que todo fue impulsado por intereses delictivos instalados dentro de la Asamblea Nacional de ese entonces.
Lasso también manifestó estar en paz con su decisión de haber aplicado la muerte cruzada, al considerar que la Asamblea estaba “plagada de corruptos al servicio del narcotráfico y el crimen organizado”. En su visión, la disolución del Legislativo fue una medida para evitar que el país cayera en una crisis institucional aún mayor.
Críticas al juicio político y a la Corte Constitucional
En su pronunciamiento, Lasso no escatimó en críticas hacia quienes promovieron su juicio político. Nombró directamente a los legisladores Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo y Esteban Torres, acusándolos de haber estado alineados con intereses políticos y criminales que también rechazaban su propuesta de consulta popular de febrero de 2023.
Del mismo modo, cuestionó el rol de la Corte Constitucional durante el proceso. El expresidente señaló específicamente a los jueces Alí Lozada, Richard Ortiz, Daniela Salazar, Karla Andrade, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas, a quienes acusó de no haber actuado con firmeza para frenar lo que describió como un ataque a la democracia y a la institucionalidad. Según Lasso, estos magistrados “se lavaron las manos y miraron a otro lado”.
El contrato de Flopec: origen de la controversia
El origen del caso judicial se remonta a la firma de un contrato entre Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana) y la empresa Amazonas Tanker, para el transporte de hidrocarburos. Según la acusación, este convenio habría generado pérdidas económicas al Estado. A Lasso se lo señaló por una presunta omisión al no haber terminado el contrato durante su gobierno, lo cual podría haber configurado un delito de peculado por omisión.
Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía no lograron recabar pruebas suficientes para confirmar la comisión de delito alguno por parte del exmandatario. Esta falta de sustento jurídico motivó el cierre de la causa.
Implicaciones políticas de la resolución judicial
El archivo del caso Flopec no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. Para Guillermo Lasso, esta decisión judicial representa una reivindicación moral frente a las acusaciones que derivaron en su juicio político. Además, refuerza su narrativa de que fue víctima de una persecución política impulsada por actores corruptos, tanto dentro del Legislativo como fuera de él.
Por otra parte, el caso reabre el debate sobre el uso de mecanismos jurídicos y constitucionales con fines políticos, especialmente en contextos marcados por la polarización y la confrontación institucional. La instrumentalización de la justicia en escenarios de pugna de poderes es un fenómeno que ha cobrado protagonismo en el Ecuador reciente.
Un intento por consolidar su legado
Con la resolución judicial a su favor, Lasso busca ahora consolidar una imagen de líder que enfrentó a un sistema político viciado y que tomó decisiones impopulares para proteger la institucionalidad del país. Su discurso apunta a presentarse como un defensor de la democracia que actuó frente a una Asamblea Nacional capturada por intereses oscuros.
El archivo del caso, si bien cierra un capítulo judicial en su contra, también abre un nuevo escenario político, en el cual el expresidente puede reaparecer con mayor fuerza en el debate público, reivindicando sus decisiones durante el ejercicio del poder.
Fuente: Panorama Ecuador
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