Los impedimentos laborales marcaron decisiones clave en la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) entre 2025 y febrero de 2026, tras resoluciones del Ministerio de Trabajo que bloquearon reemplazos y modificaron el equilibrio interno de estos organismos.
Impedimentos laborales frenan reemplazo en la Judicatura
El 9 de febrero de 2026, el Ministerio de Trabajo emitió un impedimento laboral contra Alexandra Villacís, vocal suplente de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. La medida se dio cuando Godoy pidió licencia para enfrentar un juicio político en la Asamblea Nacional.
El impedimento laboral se basó en supuestas obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas. No obstante, Villacís presentó un certificado del propio SRI, fechado el mismo día, en el que consta que no mantiene deudas tributarias.
La funcionaria sostuvo que se habría activado un RUC que estaba inhabilitado y en el que aparecieron presuntas deudas antiguas por declaraciones de IVA. Además, recordó que en diciembre pasado asumió el cargo de forma temporal sin ningún impedimento laboral.
Tras la decisión, el pleno de la Judicatura designó en la madrugada del 10 de febrero a Damián Larco como presidente temporal. Larco fue director del SRI durante el actual Gobierno, etapa en la que se redujo una deuda millonaria que mantenía la familia del presidente Daniel Noboa.
Impedimentos laborales también incidieron en el Cpccs
El uso de impedimentos laborales ya había generado controversia meses antes. El 26 de agosto de 2025, el Ministerio de Trabajo, entonces dirigido por Ivonne Núñez, emitió un impedimento laboral contra el consejero suplente Oscar Ayerve.
La causa fue una obligación pendiente con la Corporación Financiera Nacional. Este impedimento laboral impidió que Ayerve asumiera en reemplazo de Gonzalo Albán, quien enfrentaba un juicio político.
Ayerve denunció que existía una acción coordinada para evitar su principalización. La situación escaló cuando el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, dispuso un cerco policial en el edificio para impedir su ingreso.
Levantamiento rápido de impedimento laboral en otro caso
En noviembre de 2025, los impedimentos laborales volvieron a estar en debate. El 18 de ese mes, Álvaro Rosero registraba un impedimento laboral por obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como representante legal de una radio en mora.
Un día después, el impedimento laboral fue levantado tras el traspaso de la representación legal de la empresa a un familiar. La rapidez del trámite generó cuestionamientos.
El exdirector regional de Trabajo en Quito, Christian Marín, denunció presiones para levantar ese impedimento laboral y presentó una denuncia por presunto tráfico de influencias, caso que continúa en investigación.
Impedimentos laborales y su peso en el escenario político
Entre 2025 y 2026, los impedimentos laborales tuvieron efectos directos en la integración de dos instituciones clave del Estado. Estas decisiones administrativas no solo bloquearon posesiones, sino que también abrieron un debate sobre su alcance y uso en momentos políticos sensibles.
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