La ineficiencia del gasto público en Ecuador representa uno de los principales desafíos estructurales para la sostenibilidad fiscal del país. Informes recientes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contrastados con las proyecciones presupuestarias de 2026, evidencian que el Estado ecuatoriano pierde anualmente cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) debido a una gestión inadecuada de los recursos públicos. En términos absolutos, con un PIB estimado en $133.728 millones, esta ineficiencia equivale a aproximadamente $6.686 millones, una cifra superior al déficit fiscal proyectado de $5.400 millones.
El impacto de los subsidios y el giro en el gasto estatal
Uno de los pocos avances tangibles para reducir la ineficiencia del gasto público en Ecuador se ha producido en el ámbito de los subsidios a los combustibles. El Gobierno del presidente Daniel Noboa impulsó una reforma estructural que eliminó el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís en julio de 2024 y al diésel en septiembre de 2025. Como resultado, el gasto estatal en este rubro cayó de $2.504 millones en 2025 a $1.160 millones proyectados para 2026, lo que supone un ahorro del 54%.
No obstante, el gasto remanente se concentra en el Gas Licuado de Petróleo (GLP), que absorbe $722 millones, equivalente al 62% del total de subsidios a combustibles, manteniéndose intacto por su carácter redistributivo y su impacto directo en los hogares más vulnerables.
Los nudos críticos que mantienen la ineficiencia del gasto público en Ecuador
A pesar de estos ajustes, persisten áreas que continúan drenando recursos estatales. Una de ellas es la masa salarial del sector público, que supera los $12.000 millones anuales, representando casi el 9% del PIB y entre el 65% y 70% de la recaudación tributaria. Según especialistas, el problema no radica únicamente en el monto, sino en la ausencia de mecanismos que vinculen remuneración con productividad.
Asimismo, la corrupción en las compras públicas genera sobrecostos estimados entre el 10% y el 25%, lo que implica pérdidas de hasta $1.500 millones anuales en un presupuesto de adquisiciones cercano a los $6.000 millones. Prácticas como las compras de emergencia y los convenios de pago directos facilitan el direccionamiento de contratos y la inflación de precios.
Seguridad social, gobiernos locales y empresas públicas
Otro factor determinante en la ineficiencia del gasto público en Ecuador es la crisis de la seguridad social. El aporte estatal del 40% al fondo de pensiones del IESS, sumado a la gestión ineficiente de hospitales, genera un costo fiscal superior a $3.500 millones anuales. A esto se suma la falta de disciplina fiscal en los gobiernos locales y las pérdidas de empresas públicas deficitarias, que solo en 2023 alcanzaron $94,9 millones.
Hacia una optimización integral del Estado
Finalmente, propuestas como la renegociación de intereses con organismos multilaterales, la mejora del perfil de riesgo país y la optimización de la tesorería pública podrían aliviar la presión fiscal. Medidas como la Cuenta Única del Tesoro o los canjes de deuda por conservación permitirían liberar recursos para inversión productiva, reduciendo de forma estructural la ineficiencia del gasto público en Ecuador y fortaleciendo la estabilidad económica a mediano plazo.
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Fuente:
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