El caso del fiscal español Álvaro García Ortiz ha generado un debate crucial sobre la intromisión política en la justicia. Su condena por filtración de información reservada marca un precedente histórico. Sin embargo, lo más preocupante es la defensa pública del presidente Pedro Sánchez durante todo el proceso judicial.
En Ecuador, esta problemática también se replica con fuerza. El caso Sinohydro ha evidenciado cómo altos funcionarios del Ejecutivo se pronuncian sobre investigaciones en curso. Carolina Jaramillo, ex vocera presidencial, declaró públicamente sobre este caso aún en manos de la justicia.
La Intromisión Política en la Justicia Como Práctica Histórica en Ecuador
Xavier Zavala Egas, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas, señala que esta práctica no es nueva. La administración de justicia ha sido históricamente un botín del poder político. Por tanto, quien gana las elecciones busca capturar todos los espacios: Fiscalía, judicaturas y superintendencias.
El catedrático explica que no existe cultura democrática institucional en el sector político ecuatoriano. En consecuencia, se persigue al periodista crítico o al opositor político mediante el aparato judicial. Los espacios de poder no se respetan ni se reconocen sus competencias específicas.
Funcionarios Ecuatorianos Opininan Sobre Casos Judiciales Activos
El 15 de septiembre de 2025, Carolina Jaramillo se pronunció sobre el caso Sinohydro. Afirmó que la afectación al Estado ascendía a 76 millones de dólares. Además, exigió que la justicia actuara con celeridad y contundencia en este proceso.
Dos días después, José Julio Neira también emitió declaraciones públicas. El secretario general de Integridad Pública mencionó un esquema de corrupción de gran escala. Igualmente, señaló posibles casos similares de lavado de activos en el país.
Expertos Alertan Sobre Presión a la Independencia Judicial
María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, considera problemáticas estas manifestaciones. La Corte Interamericana estableció que funcionarios pueden opinar sobre temas públicos. No obstante, deben evitar referencias a casos en trámite judicial para no presionar a las cortes.
Roberto Gómez Mera, expresidente de la Corte Suprema, afirma que la intromisión política en la justicia afecta gravemente la independencia judicial. Con la sola mención de priorizar un caso se vulnera la imparcialidad. Por ende, todos los casos deben recibir igual tratamiento en orden cronológico.
El Precedente Español y Sus Lecciones Para Ecuador
El Tribunal Supremo español condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación. Asimismo, debe pagar multa e indemnización por filtrar información de Alberto González. Pedro Sánchez defendió públicamente al fiscal incluso después del fallo histórico.
Este precedente muestra las consecuencias de la intromisión política en la justicia. Xavier Zavala Egas sostiene que se necesita un poder político consciente de sus limitaciones democráticas. Finalmente, tanto la impunidad al amigo como la persecución al enemigo restan legitimidad al poder.
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