Desde abril de 2024, el IVA del 15% en Ecuador genera controversia sobre su efectividad real en el combate al crimen organizado. El aumento de tres puntos porcentuales prometió financiar la seguridad nacional, pero nueve meses después persisten las interrogantes sobre resultados concretos.
Recaudación récord pero sin asignación específica
El Servicio de Rentas Internas (SRI) reportó que el IVA del 15% en Ecuador generó $9.767 millones durante 2024, representando un incremento del 15,6% respecto a 2023. En consecuencia, entre abril de 2024 y marzo de 2025 ingresaron más de $1.300 millones adicionales al Presupuesto General del Estado.
Sin embargo, la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno estableció explícitamente que estos recursos no tendrían preasignación específica. Por tanto, se integraron a la caja fiscal general sin garantía de destino exclusivo para seguridad.
Promesas gubernamentales versus realidad presupuestaria
El Gobierno de Daniel Noboa justificó el IVA del 15% en Ecuador para reforzar las fuerzas de seguridad, mejorar infraestructura penitenciaria y sostener estrategias contra el crimen organizado. Además, se implementaron otras medidas tributarias como la Contribución Temporal de Seguridad del 3,25% sobre utilidades empresariales.
No obstante, expertos demandan transparencia sobre la ejecución efectiva de los recursos. El penalista Julio César Cueva sostiene que el Gobierno debe mostrar datos concretos: policías adicionales incorporados, mejoras en la UAFE y relación entre detenidos y condenas.
Análisis crítico: ¿Válvula fiscal o inversión en seguridad?
El economista Christian Idrovo advierte que el aumento del IVA del 15% en Ecuador funciona más como «válvula fiscal» que como fondo específico. Igualmente, señala que la dinámica podría repetirse anualmente mientras la ley permita al Ejecutivo ajustar la tarifa entre 13% y 15% sin límites temporales.
Por otra parte, diversos reportes de 2025 indican que la violencia no ha disminuido sostenidamente. El escándalo del caso Godoy, según Cueva, debilitó la credibilidad del discurso oficial sobre la guerra contra el crimen organizado.
Exigencia de resultados medibles y transparencia
En conclusión, aunque el IVA del 15% en Ecuador inyectó más de $1.300 millones en el primer año, la ausencia de etiquetado presupuestario demanda mayor rendición de cuentas. Los analistas coinciden en que una mayor recaudación no se traduce automáticamente en seguridad sin ejecución eficiente orientada a resultados.
Finalmente, el balance es mixto: mientras persiste la declaratoria de conflicto armado interno, la ciudadanía reclama evidencia tangible sobre mejoras en equipamiento, inteligencia, tecnología y reducción efectiva de delitos.
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