La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional vivió un momento de tensión el 19 de febrero de 2026 en Guayaquil. La asambleísta Jahiren Noriega abandonó la sesión durante el tratamiento de la Ley Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Tras su salida, el movimiento ADN pidió que se evalúe una posible sanción.
La presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, solicitó que el caso se remita al Consejo de Administración Legislativa para que analice lo ocurrido. El pedido se dio antes de continuar con el orden del día.
Jahiren Noriega abandona la Comisión de Seguridad en plena comparecencia
El hecho ocurrió mientras comparecía el ministro del Interior, John Reimberg. La sesión formaba parte del debate de la reforma al sistema penitenciario.
Según la transmisión oficial, la presidenta de la mesa no permitió que se formularan preguntas al ministro. En ese momento, Jahiren Noriega abandonó la Comisión de Seguridad y expresó su inconformidad. La legisladora cuestionó el desarrollo de la sesión y criticó el traslado de la comisión a Guayaquil.
Antes de retirarse, señaló que no se estaba garantizando la fiscalización. También sostuvo que el ministro debía responder a las inquietudes sobre la crisis de seguridad.
Solicitud de sanción ante el CAL
Tras la salida de Noriega, Alarcón pidió que se leyera el inciso tercero del artículo 20 del Reglamento de Comisiones, que establece restricciones sobre la ausencia de asambleístas durante las sesiones.
La presidenta de la mesa sostuvo que el abandono podría constituir una infracción normativa y solicitó que el hecho sea puesto en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa para que determine las acciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha confirmado si se presentará una queja formal.
Noriega denuncia “blindaje” al ministro
Posteriormente, Noriega declaró ante medios de comunicación que considera preocupante que no se haya permitido interpelar al ministro del Interior en un tema que calificó como prioritario para el país.
La asambleísta recordó que el 2025 cerró con más de 9.000 muertes violentas a escala nacional, varias de ellas ocurridas en centros penitenciarios, y sostuvo que el debate debía centrarse en resultados concretos frente a la crisis de seguridad.
También afirmó que impedir las preguntas configura una forma de censura dentro de la Comisión de Seguridad, ya que, a su criterio, el ministro debía rendir cuentas sobre la situación del sistema carcelario y los niveles de violencia.
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