La dolarización marcó un punto de quiebre en la historia económica del Ecuador y mantiene hasta hoy abierto el debate político y judicial alrededor de Jamil Mahuad, expresidente que defiende la legalidad de sus decisiones y rechaza la condena por peculado que lo mantiene fuera del país desde hace 25 años.
El 9 de enero del 2000, Ecuador reemplazó el sucre por el dólar estadounidense en medio de una crisis financiera sin precedentes. Más de 26 años después, la medida sigue vigente y es señalada por Mahuad como el principal factor de estabilidad monetaria del país.
Jamil Mahuad y el origen de la crisis financiera
Jamil Mahuad gobernó Ecuador entre agosto de 1998 y enero del 2000, un periodo marcado por la caída del precio del petróleo, los efectos del fenómeno de El Niño y una profunda desconfianza en el sistema bancario.
Ante la salida acelerada de dólares y la depreciación del sucre, su gobierno dispuso en marzo de 1999 el congelamiento temporal de los depósitos bancarios mediante el Decreto Ejecutivo 685. Según Mahuad, la medida buscaba evitar una hiperinflación y un colapso total de la economía.
El congelamiento de depósitos y la dolarización
El congelamiento de depósitos es la decisión más cuestionada de su administración. Mahuad sostiene que cerca del 70 % de los ecuatorianos no tenía cuentas bancarias en ese momento, por lo que el impacto directo afectó principalmente a la clase media y a los grandes capitales.
Meses después, en enero del 2000, el sucre fue reemplazado por el dólar como moneda oficial. La dolarización estabilizó los precios y redujo la inflación, aunque dejó profundas secuelas sociales y políticas que derivaron en la salida anticipada de Mahuad del poder.
La condena por peculado y el proceso judicial
En 2014, la Corte Nacional de Justicia declaró culpable a Jamil Mahuad por el delito de peculado y le impuso una condena inicial de 12 años de prisión, posteriormente reducida a ocho años. En 2020 y 2021 se negaron recursos adicionales, y en diciembre de 2025 la Corte Constitucional desestimó la acción extraordinaria de protección presentada por el exmandatario.
Mahuad afirma que nunca se benefició personalmente ni desvió fondos públicos, elementos centrales del delito de peculado según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, y asegura que su sentencia carece de motivación jurídica suficiente.
Persecución política y crítica al sistema judicial
El expresidente atribuye su condena a una persecución política durante el correísmo, etapa en la que —según su versión— se utilizó el sistema judicial para consolidar una narrativa en su contra, mientras la dolarización se mantenía intacta por su alto respaldo ciudadano.
Desde Estados Unidos, donde reside actualmente, sostiene que su caso refleja fallas estructurales en la justicia ecuatoriana y la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial.
La vía internacional y su llamado a la ciudadanía
Tras agotar las instancias nacionales, Mahuad analiza acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o instancias de Naciones Unidas, argumentando una vulneración al derecho al debido proceso.
Más allá del ámbito legal, invita a la ciudadanía a revisar con mayor profundidad el contexto económico de finales de los años noventa y a evaluar sus decisiones con una mirada histórica y técnica.
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