El proceso por una presunta infracción electoral contra figuras de la Revolución Ciudadana avanza en el Tribunal Contencioso Electoral, donde el juez del TCE ha dispuesto nuevas diligencias ante la imposibilidad de notificar a los denunciados.
La causa se originó por una denuncia del Consejo Nacional Electoral relacionada con la falta de presentación y justificación de los informes económicos de campaña correspondientes a las elecciones anticipadas de 2023.
El juez del TCE ordena ubicar domicilios de los excandidatos
El magistrado Guillermo Ortega señaló que el Tribunal ha enfrentado serias dificultades para identificar los domicilios de Luisa González y Andrés Arauz, quienes conformaron el binomio presidencial del correísmo en el último proceso electoral.
Ante esta situación, se solicitó información a varias instituciones públicas, entre ellas el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Contraloría General del Estado, el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito, con el objetivo de establecer direcciones actualizadas que permitan continuar con el trámite legal.
Registro migratorio de Andrés Arauz bajo requerimiento
Como parte de las diligencias, el juez dispuso que el Ministerio del Interior entregue el registro migratorio de Andrés Arauz en un plazo de tres días. Esta información permitirá determinar si el exaspirante presidencial se encuentra en territorio ecuatoriano o fuera del país.
La medida fue adoptada luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara que no consta ningún registro consular a nombre de Arauz y que el control migratorio no está bajo su competencia.
Santiago Díaz no respondió dentro del plazo legal
La denuncia también involucra a Santiago Díaz Asque, exjefe de campaña de la Revolución Ciudadana y actual asambleísta, quien permanece detenido por una denuncia penal por violación a una menor de edad.
Según el expediente, Díaz fue citado personalmente el 10 de diciembre de 2025, pero no presentó respuesta dentro del plazo de cinco días establecido por la ley, lo que fue registrado oficialmente por la secretaría del Tribunal.
Posibles sanciones contra la organización política
El Consejo Nacional Electoral sostiene que el movimiento político no presentó de forma adecuada los informes financieros que respalden los aportes privados recibidos durante la campaña electoral.
De comprobarse la infracción, la normativa vigente contempla sanciones que incluyen multas de entre 20 y 70 salarios básicos unificados, la suspensión de derechos políticos por un periodo de dos a cuatro años y, eventualmente, la cancelación de la inscripción del movimiento político.
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