La Asamblea Nacional acumula cuatro solicitudes judiciales para autorizar el inicio de procesos penales contra el asambleísta Juan Andrés González, integrante de la bancada Revolución Ciudadana, por presuntas calumnias contra legisladores del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, a quienes calificó de terroristas en diciembre de 2025.
Contexto de las denuncias judiciales
Las acciones legales fueron impulsadas por varios asambleístas de ADN, quienes consideran que las declaraciones públicas de González excedieron el debate político y constituyen imputaciones falsas de delitos graves. Los pedidos se originaron tras una rueda de prensa realizada el 10 de diciembre de 2025, en la que el legislador vinculó a la bancada oficialista con actos de terrorismo.
Solicitudes remitidas por la Corte Nacional
Durante la sesión plenaria del 20 de enero de 2026 se incluyeron dos solicitudes enviadas por el juez nacional Felipe Córdova Ochoa, quien pidió formalmente que se levante la inmunidad parlamentaria del legislador para permitir el avance de las causas penales. Las querellas corresponden a las asambleístas Mishel Mancheno y Janina Rizzo, ambas integrantes de ADN.
Plazos y requisitos para levantar la inmunidad
Aunque la sesión plenaria fue suspendida y el trámite quedó pendiente, la Asamblea dispone de un plazo máximo de 30 días para pronunciarse. Para autorizar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria se requiere una mayoría calificada de al menos 101 votos, un número que luce difícil de alcanzar debido a la actual correlación de fuerzas y la polarización política.
Argumentos legales de las querellas
Las acciones penales se sustentan en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito de calumnia. Según los denunciantes, atribuir delitos como terrorismo afecta directamente el honor, la reputación y la credibilidad personal y profesional de los legisladores mencionados, sin que exista prueba alguna que respalde tales acusaciones.
Posibles consecuencias judiciales
En las querellas se solicita no solo el procesamiento penal del asambleísta, sino también sanciones que incluyen una pena privativa de libertad de hasta dos años, reparaciones económicas y la publicación de disculpas públicas. Los denunciantes sostienen que las expresiones no forman parte del ejercicio legítimo de la función parlamentaria ni del debate democrático.
Decisión clave para la legislatura
En los próximos días, el pleno de la Asamblea Nacional deberá definir si autoriza o no el levantamiento de la inmunidad de González. La decisión marcará un precedente relevante sobre los límites de la inmunidad parlamentaria y la responsabilidad penal de los legisladores por declaraciones realizadas fuera del ámbito legislativo.
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