El Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió destituir al juez B.F.R.C., de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca. La medida se adoptó el 17 de junio de 2025, durante la sesión ordinaria No. 053-2025. La decisión fue unánime y se basó en la concesión de beneficios penitenciarios irregulares a 28 reclusos, en contravención con la normativa legal ecuatoriana.
Falta disciplinaria grave afecta a la institucionalidad judicial
La autoridad judicial fue separada de su cargo por haber emitido resoluciones que permitieron beneficios penitenciarios irregulares. En su fallo, otorgó regímenes semiabiertos y prelibertad a personas privadas de libertad, muchas de ellas con condenas por delitos como asesinato, violación o tráfico de drogas. Lo hizo sin que los requisitos legales se cumplieran, lo que fue considerado un error inexcusable.
Este accionar fue calificado como una infracción disciplinaria gravísima. Las autoridades judiciales argumentaron que vulneró principios esenciales como el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica. De esta manera, se comprometió el funcionamiento del sistema judicial.
Investigaciones impulsadas por legisladores revelaron las irregularidades
El proceso disciplinario se inició luego de una denuncia presentada por varios legisladores, entre ellos Sofía Sánchez y Diego Matovelle. El 29 de enero de 2025, la Corte Provincial del Azuay emitió la declaración jurisdiccional previa. Esto permitió avanzar con el proceso que finalizó con la remoción del magistrado.
Durante la investigación se evidenció que el juez utilizó interpretaciones subjetivas alejadas del marco normativo. A través de estas resoluciones, aplicó beneficios penitenciarios irregulares sin justificación jurídica, lo que provocó alerta entre los operadores de justicia y la sociedad civil.
Sanción busca restituir la confianza ciudadana
El Consejo de la Judicatura recalcó que su decisión busca sentar un precedente y evitar futuras actuaciones similares. La concesión de beneficios penitenciarios irregulares representó una amenaza al Estado de derecho, debilitó la institucionalidad judicial y generó una profunda pérdida de confianza ciudadana.
Por ello, esta destitución se convierte en una medida necesaria para reforzar la credibilidad del sistema de justicia. También es una advertencia contra el uso indebido de atribuciones judiciales que vulneren la ley. La transparencia en la aplicación de beneficios penitenciarios es esencial para garantizar una justicia equitativa y sin impunidad.
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