Corte Constitucional actúa frente a la Ley de Inteligencia
La Ley de Inteligencia fue impulsada por el gobierno de Daniel Noboa y aprobada en junio de 2025. No pasó mucho tiempo antes de que organizaciones sociales y colectivos ciudadanos iniciaran acciones legales contra la normativa. La Corte Constitucional decidió suspender de forma provisional 12 artículos, además de partes del reglamento. Esta medida busca evitar daños graves e irreparables a derechos como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información.
¿Qué artículos se suspendieron y por qué?
Los artículos suspendidos definen términos como “amenaza” o “ciberinteligencia” de forma ambigua, lo que permite un uso discrecional por parte del Estado. Se incluye el uso de identidades falsas por agentes, operaciones encubiertas sin autorización judicial, y la obligación de entregar información privada sin una orden legal. Entre los artículos más sensibles están el 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52 y 55, así como varios del reglamento correspondiente.
Controversia por posibles abusos del poder estatal
Varios sectores sociales denuncian que la Ley de Inteligencia genera riesgos para los ciudadanos. Permitir vigilancia sin control judicial ni límites definidos puede abrir la puerta a violaciones de derechos. Tampoco existen sanciones claras para los agentes que incurran en excesos. Además, la clasificación de información como reservada podría esconder irregularidades, sin permitir la auditoría ciudadana o mediática.
El futuro de la norma está en revisión
La Corte ha solicitado al Ejecutivo y a la Asamblea que presenten sus defensas. También pidió el expediente legislativo completo para el análisis de fondo. La Ley de Inteligencia plantea la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, bajo control directo del presidente, lo que ha levantado nuevas inquietudes.
Derechos ciudadanos frente al control estatal
En un Estado democrático, la vigilancia debe tener límites. La revisión de esta ley permitirá ajustar su contenido y garantizar un equilibrio entre seguridad nacional y respeto a la privacidad. El proceso judicial podría convertirse en un precedente sobre cómo se regulan los sistemas de inteligencia en el país.
Más noticias:
Fuente:
