A las 23:50 del lunes 23 de febrero de 2026, la mayoría oficialista en la Comisión de Desarrollo Económico dio luz verde al informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Con ocho votos de asambleístas de Acción Democrática Nacional y aliados, el texto avanzó al Pleno de la Asamblea Nacional, donde necesitará al menos 77 votos para convertirse en ley.
El antecedente inmediato anticipa un escenario ajustado: una reciente normativa económica urgente fue aprobada con el mínimo indispensable, lo que deja entrever que la votación definitiva podría definirse por pocos respaldos.
Ley de Minería y Energía impulsa cambios estructurales
La propuesta introduce reformas a la Ley de Minería en varios ejes clave:
- Modificaciones a los actos administrativos previos al inicio de actividades.
- Redefinición del régimen de patente de conservación.
- Ampliación de la etapa de exploración de ocho a 15 años.
- Ajustes al esquema de regalías por explotación de minerales.
Además, incorpora la figura de clústeres mineros, concebidos como conglomerados de actividades extractivas, logísticas e industriales en un mismo territorio para optimizar costos y operaciones.
En el sector eléctrico, el proyecto reforma la Ley de Minería y Energía y establece:
- Nuevas obligaciones para empresas públicas y privadas respecto al Plan Maestro de Electricidad.
- Regulaciones más detalladas sobre generación distribuida y autogeneración.
- Ampliación de causales para delegar de manera excepcional el servicio eléctrico a empresas privadas.
El informe sostiene que la titularidad estatal sobre los sectores estratégicos no se altera y que el objetivo es fortalecer la eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental y la seguridad jurídica, consideradas claves para la captación de divisas y la estabilidad fiscal.
Áreas estratégicas y control en territorios mineros
Uno de los puntos más sensibles es la creación de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica. Esta figura habilita la intervención de las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura y personal frente a minería ilegal, sabotaje u ocupaciones ilícitas.
El texto precisa que la actuación militar se limitará a sus competencias constitucionales y no sustituye las obligaciones del titular minero en materia ambiental, laboral o de seguridad industrial.
En el caso de Galápagos, se establecen límites específicos: solo podrán otorgarse permisos de libre aprovechamiento y concesiones de pequeña minería para extracción de áridos y pétreos destinados a construcción, fuera del Parque Nacional Galápagos.
También se fija un plazo de tres meses para que la autoridad ambiental actualice el catálogo de proyectos vinculados a exploración y explotación minera.
Cuestionamientos por controles ambientales y privatización
El avance del proyecto ocurre en medio de críticas de organizaciones sociales y legisladores de oposición. Las objeciones se concentran en cuatro puntos:
- Flexibilización de controles ambientales.
- Ampliación de plazos de exploración.
- Posible militarización de territorios.
- Mayor apertura a la participación privada en electricidad.
Uno de los aspectos más controvertidos es la sustitución de la licencia ambiental por una autorización administrativa en determinadas fases. Para los críticos, esto reduce el control previo del Estado y debilita estándares de protección.
A ello se suma la figura del silencio administrativo positivo: si en seis meses la autoridad no responde a los estudios de regularización, la autorización se considerará concedida. También genera preocupación la ampliación del plazo de exploración hasta 15 años, que según opositores podría favorecer dinámicas especulativas sobre áreas estratégicas.
Especialistas advierten que en regiones megadiversas como la Amazonía, la expansión de proyectos extractivos podría tensionar el uso de recursos como el agua y afectar derechos colectivos, incluida la consulta previa.
Posturas enfrentadas en la comisión ante Ley de Minería y Energía
Antes de la votación, comparecieron representantes sociales y del Ejecutivo. Desde colectivos ambientales se alertó sobre posibles impactos en biodiversidad y salud pública, citando riesgos asociados al uso de mercurio en actividades extractivas.
Desde el Gobierno se defendió que el proyecto no elimina controles ni desregula estándares técnicos, sino que busca mayor claridad normativa y fortalecer la lucha contra la minería ilegal.
Con modificaciones incorporadas durante el debate, el informe de la Ley de Minería y Energía fue aprobado con ocho votos y ahora la decisión final queda en manos de los 151 legisladores del Pleno. Más allá de una reforma sectorial, el debate plantea una definición de fondo sobre el modelo de gestión de los recursos estratégicos del país, entre la promesa oficial de modernización y las advertencias sobre sus posibles costos ambientales y sociales.
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