La Ley económica urgente volvió al centro del debate legislativo con una propuesta que busca cambiar la forma en que municipios y prefecturas ejecutan sus presupuestos, en medio de cuestionamientos por baja inversión en obra pública y alertas de posibles irregularidades detectadas por organismos de control.
La Comisión de Desarrollo Económico retomó el trámite del proyecto tras el primer debate en el Pleno de la Asamblea. El objetivo es elaborar el informe para segundo debate dentro del plazo que rige para iniciativas económicas urgentes impulsadas por el Ejecutivo.
Baja ejecución y cifras bajo la lupa
Uno de los principales argumentos del Gobierno es el nivel de ejecución presupuestaria en los gobiernos autónomos descentralizados. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, en 2024 los municipios recibieron USD 6.000 millones, pero solo destinaron 24,30 % a inversión real.
De haber estado vigente la nueva regla, existirían alrededor de USD 2.700 millones pendientes de ejecutar en obras. En el caso de las prefecturas, la inversión en infraestructura alcanzó 32,62 %.
Para el Ejecutivo, estas cifras evidencian que el problema no es falta de recursos, sino su priorización. La reforma apunta a que el gasto corriente no absorba la mayor parte del presupuesto y que se privilegie la obra pública.
206 indicios penales en auditorías a GAD
La Contraloría General del Estado presentó un balance de auditorías realizadas entre enero de 2024 y febrero de 2026. En ese periodo se aprobaron 741 informes generales, de los cuales se desprendieron 206 indicios de responsabilidad penal.
El caso más llamativo es el de la provincia de El Oro, donde se aprobaron 18 informes generales y se determinaron 26 indicios penales, superando el número de auditorías realizadas. Para el organismo de control, este comportamiento refleja un riesgo elevado en la gestión municipal de esa jurisdicción.
Ley económica urgente expone meta progresiva hasta 2028
Ante las críticas de alcaldes y prefectos, el Ministerio de Finanzas propuso una aplicación gradual de la meta del 70 % de inversión. El esquema planteado establece un cumplimiento de 65 % en 2026, 68 % en 2027 y 70 % en 2028.
También se incluiría un nuevo rubro que permitirá contabilizar estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados como inversión. El control de la regla empezaría el 1 de diciembre de 2026, evaluando el periodo desde junio de ese año.
Debate político sobre Ley económica urgente
El proyecto ha generado una fuerte polarización. Desde el oficialismo se sostiene que la norma busca frenar despilfarros y orientar los recursos a salud, vivienda y obras prioritarias.
En cambio, sectores de oposición y autoridades locales advierten que la medida podría afectar programas sociales financiados con gasto corriente y vulnerar la autonomía de los gobiernos locales. Además, han señalado que el Gobierno Central mantiene deudas con los GAD que rondan los USD 600 millones.
La Comisión deberá incorporar las observaciones y definir el texto final antes de que concluya el plazo para aprobar o archivar la Ley económica urgente, en un escenario político marcado por tensiones entre el Ejecutivo y los gobiernos seccionales.
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