Profundas reformas para combatir la corrupción y mejorar el sistema estatal
Este jueves, 26 de junio, fue oficialmente publicada en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Integridad Pública, tras haber sido aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el pasado 24 de junio. Este nuevo cuerpo legal fue propuesto por el presidente Daniel Noboa como un proyecto económico urgente, y recibió el respaldo mayoritario de 84 asambleístas.
La Ley Orgánica de Integridad Pública: reformas a múltiples cuerpos legales
La Ley Orgánica de Integridad Pública introduce modificaciones sustanciales en al menos diez cuerpos legales del país. Entre ellos destacan el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de la Función Judicial y la Ley Orgánica del Servicio Público. Esta integración normativa apunta a crear una estructura más coherente y efectiva para enfrentar los retos actuales del Estado ecuatoriano.
Objetivos estratégicos: anticorrupción, eficiencia estatal y seguridad
Desde el oficialismo, se ha sostenido que la Ley Orgánica de Integridad Pública tiene como objetivo central fortalecer la lucha contra la corrupción, incrementar la eficiencia operativa de las instituciones estatales y afrontar el alarmante incremento de la violencia en el país. En un contexto de creciente inseguridad, el gobierno busca dotar al aparato estatal de mecanismos más robustos y ágiles para actuar frente a las amenazas internas y externas.
Aspectos controvertidos de la Ley Orgánica de Integridad Pública
Sin embargo, la ley no ha estado exenta de críticas. Uno de los puntos más debatidos es la disposición que permite declarar en emergencia a la Función Judicial. Esta cláusula permitiría nombrar jueces sin un concurso público de méritos, una medida que diversos sectores consideran un posible riesgo para la independencia judicial.
Además, la norma plantea la expulsión del país de personas extranjeras privadas de libertad sin una sentencia definitiva, una medida que ha encendido alarmas en organizaciones defensoras de derechos humanos. Además, el gobierno ha endurecido las sanciones penales para adolescentes infractores, una decisión que algunos sectores de la sociedad civil califican como excesiva y desproporcionada.
Pese a las preocupaciones, el gobierno sostiene que estas acciones son necesarias para restablecer el orden, reducir la impunidad y fortalecer la institucionalidad en el Ecuador. Diversos actores nacionales e internacionales observarán de cerca la implementación de esta ley.
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