Mario Godoy continúa al frente del Consejo de la Judicatura en medio de una controversia que se ha prolongado por más de un mes y que ha erosionado su respaldo político e institucional. Las denuncias sobre presuntas presiones a un juez anticorrupción abrieron un proceso de fiscalización que ahora avanza en la Asamblea Nacional.
El origen del conflicto se remonta al 17 de diciembre de 2025, cuando el juez Carlos Serrano hizo pública una denuncia sobre supuestas presiones ejercidas por Henry Gaibor, entonces director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, para influir en una decisión judicial relacionada con narcotráfico. A partir de este señalamiento, el nombre de Godoy quedó en el centro del debate público.
Avance del juicio político en la Asamblea Nacional
La bancada de la Revolución Ciudadana impulsó el juicio político contra Godoy, iniciativa que recibió el respaldo clave del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional y de un legislador aliado. Con estos votos, la Comisión de Fiscalización permitió que el proceso continúe su curso en el Legislativo.
Si el caso llega al Pleno y se alcanzan al menos 101 votos, Godoy podría ser censurado y destituido, lo que implicaría su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. Este escenario mantiene en expectativa a distintos actores del sistema judicial y político.
Distanciamiento desde la Corte Nacional de Justicia
La situación de Godoy también ha generado tensiones en la esfera judicial. Hasta mediados de enero contaba con el respaldo del entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, quien renunció tras recibir presiones internas por haber incluido a Godoy en una terna para dirigir el Consejo de la Judicatura.
Tras su salida, asumió la presidencia temporal de la Corte el juez Marco Rodríguez, quien marcó una postura clara a favor de la independencia judicial. Aunque habló de cooperación entre funciones del Estado, dejó en claro que la Corte no estará subordinada al Consejo de la Judicatura ni a ningún otro poder.
El Colegio de Abogados exige la renuncia
Un nuevo frente de presión surgió desde el Colegio de Abogados de Pichincha. El gremio pidió públicamente la renuncia de Godoy mediante una pancarta colocada en su sede, ubicada cerca del Palacio Legislativo, pocas horas antes de que el funcionario acudiera a rendir su informe de labores ante la Asamblea.
En un comunicado, el Colegio sostuvo que las denuncias conocidas representan un atentado contra la independencia judicial y afectan la credibilidad del sistema de justicia. Además, cuestionaron el proceso de designación de Godoy, señalando la falta de una verificación adecuada de su idoneidad ética y profesional.
Exigencias a la Fiscalía y al Ejecutivo
El gremio de abogados solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación penal objetiva para determinar responsabilidades en los hechos denunciados. También pidió a la Función Ejecutiva un mayor presupuesto para enfrentar el déficit histórico de jueces y fiscales en el país.
Finalmente, exigieron al Consejo de la Judicatura que se abstenga de nombrar jueces temporales mientras persistan los cuestionamientos y que se apliquen sanciones administrativas y legales contra Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha.
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