El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, enfrenta este miércoles 18 de febrero de 2026 un juicio político en la Asamblea Nacional, con un informe aprobado por 10 votos en la Comisión de Fiscalización y un umbral de 101 votos en el Pleno para su eventual destitución.
Perfil y llegada al Consejo de la Judicatura
Mario Godoy es abogado por la Universidad Central del Ecuador y tiene una maestría en Derecho Administrativo. Su trayectoria combina funciones públicas y asesorías jurídicas de alto perfil.
Trabajó en el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Justicia —donde fue director de Cultos—, la UAFE y, hasta 2024, se desempeñó como procurador jurídico de Petroecuador durante el gobierno de Daniel Noboa. También ejerció la defensa de figuras políticas como Alembert Vera y Guillermo Churuchumbi.
Su designación en julio de 2024 respondió a una compleja correlación política. Inicialmente, la terna enviada por la Corte Nacional incluía a Hugo Landívar, pero al no cumplir requisitos fue reemplazado por Godoy. El Consejo de Participación Ciudadana designó primero a Dunia Martínez; sin embargo, tras una reconsideración impulsada por consejeros afines al correísmo, se anuló esa votación y se nombró a Godoy.
En la Asamblea hubo denuncias de presiones para acelerar su posesión, en medio de tensiones entre bancadas.
Polémicas y controversias durante su gestión
Desde el inicio de su administración, Godoy marcó una línea disciplinaria fuerte con la suspensión de jueces en Guayas y Santo Domingo.
Sin embargo, los cuestionamientos más severos giran en torno a su entorno profesional y a decisiones institucionales. Antes de presidir la Judicatura, fue socio del bufete Invictus Law Group junto con su actual esposa Dolores Vintimilla y Christian Rosero. La firma defendió a procesados vinculados con estructuras criminales, incluidos líderes de Los Choneros.
También fue abogado de los hermanos Larrea Cruz, relacionados en investigaciones internacionales con el Cártel de Sinaloa, y su entorno profesional estuvo vinculado a la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
Otro episodio clave es el caso relacionado con la vicepresidenta Verónica Abad. Un audio incorporado como prueba en el juicio político señala que un exasesor jurídico habría redactado una sentencia y que esta habría sido entregada para su firma, lo que generó sospechas de injerencia.
Quiénes impulsan el juicio político contra Mario Godoy y por qué
El pedido formal fue presentado el 29 de diciembre de 2025 por la bancada de la Revolución Ciudadana. Los asambleístas argumentan manifiesta inoperancia e incumplimiento de funciones, especialmente por no garantizar la independencia judicial.
El punto más delicado es la presunta presión ejercida por el asesor Henry Gaibor al juez anticorrupción Carlos Serrano en un proceso relacionado con Srdan. Según el informe, tampoco se habría garantizado protección oportuna al magistrado tras recibir amenazas.
El informe que recomendó censura de Mario Godoy
El 13 de febrero de 2026, la Comisión de Fiscalización aprobó con 10 votos a favor el informe que recomienda el juicio político. La coincidencia de votos entre oficialismo y correísmo marcó un giro político significativo.
El testimonio del juez Carlos Serrano fue determinante. Según relató, solicitó protección ante amenazas y no obtuvo una respuesta eficaz por parte de la Judicatura.
La defensa de Mario Godoy
Ante la Comisión, Godoy rechazó las acusaciones y afirmó que existe una narrativa construida en su contra. Sostuvo que no tiene nada que ocultar y que defenderá su honra en el Pleno.
Ha insistido en que los vínculos profesionales cuestionados ocurrieron antes de asumir la presidencia del Consejo y que no ha intervenido en decisiones judiciales.
Escenarios en el Pleno de la Asamblea
La sesión está convocada para las 10:00 del miércoles 18 de febrero de 2026. Para la censura y destitución se requieren 101 votos.
Dado que el informe contó con respaldo unánime en la Comisión y que las dos bancadas más numerosas coinciden en la acusación, el escenario político es adverso para Godoy. De concretarse la destitución, no solo perdería el cargo, sino que quedaría inhabilitado para ejercer funciones públicas.
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