El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, avanza hacia su etapa decisiva en la Asamblea Nacional, en medio de cuestionamientos sobre la credibilidad del sistema judicial y el impacto institucional que tendría su permanencia en el cargo.
La Comisión de Fiscalización concluirá la sustanciación del proceso el 10 de febrero de 2026, fecha en la que se cerrará la presentación de pruebas de cargo y de descargo dentro de la causa por presunto incumplimiento de funciones.
Avanza la incorporación de testimonios en el proceso legislativo
Hasta el 6 de febrero se receptaron ocho versiones de testigos vinculados al correísmo, las cuales serán incorporadas oficialmente al expediente del juicio político. Entre los comparecientes figuran la exvocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes, los abogados Ramiro García y Washington Andrade, así como el juez anticorrupción Carlos Serrano.
Durante las comparecencias se expusieron versiones que apuntan a presuntas presiones ejercidas desde la Dirección del Consejo de la Judicatura de Pichincha para influir en decisiones judiciales relacionadas con un caso de narcotráfico que involucraría al ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
Incertidumbre sobre el respaldo político en el Pleno
Aún no está definido si los testimonios y pruebas reunidas serán suficientes para que la Comisión de Fiscalización, dominada por Acción Democrática Nacional, recomiende que el juicio continúe en el Pleno de la Asamblea. Para que se concrete una censura y destitución se requieren al menos 101 votos, un escenario que por ahora no está asegurado.
Esta indefinición ha abierto el debate público sobre la posibilidad de que Mario Godoy continúe al frente del Consejo de la Judicatura hasta el año 2031, periodo para el cual fue designado.
Expertos advierten riesgos para la Función Judicial y el Estado de derecho
Diversos abogados, docentes universitarios y constitucionalistas coinciden en que la permanencia de Godoy podría profundizar la crisis institucional del sistema judicial, marcada por la falta de confianza ciudadana y retrasos en los procesos de modernización.
El abogado Rafael Oyarte ha señalado que, de mantenerse Mario Godoy en el cargo, la Función Judicial seguiría enfrentando un deterioro estructural, sin respuestas claras sobre la evaluación de jueces, la designación de magistrados de la Corte Nacional de Justicia ni la cobertura de juzgados sin jueces titulares. Incluso advirtió que este escenario podría afectar la cooperación e inversión extranjera.
Impacto político y crisis de legitimidad
El constitucionalista Luis Ávila sostuvo que la continuidad del presidente de la Judicatura podría agravar la crisis de credibilidad del sistema judicial y trasladar el costo político directamente al Gobierno, debilitando aún más la gobernabilidad y poniendo en riesgo el Estado de derecho.
Ávila también alertó que este contexto dificultaría el cumplimiento de los mandatos derivados de la consulta popular de 2024, especialmente los concursos para jueces de garantías constitucionales y de la Corte Nacional de Justicia.
En la misma línea, el docente universitario Paúl Córdova afirmó que una eventual permanencia de Godoy implicaría una gestión sin legitimidad y con escaso respaldo profesional, lo que podría obstaculizar la conformación de tribunales de evaluación y la participación de juristas en futuros concursos.
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