El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, avanza en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en medio de un complejo escenario político. Aunque la acusación impulsada por legisladores del correísmo se sostiene en presuntas presiones judiciales, existen varios elementos que podrían jugar a favor del funcionario y debilitar una eventual censura.
Los plazos legales ya están en marcha. Hasta el 31 de enero de 2026, Godoy tiene la posibilidad de responder a las acusaciones y presentar pruebas de descargo. A partir del 1 de febrero, podría ser convocado a comparecer ante la comisión legislativa, mientras que los asambleístas proponentes también deben sustentar sus cargos dentro del mismo período.
La solicitud de juicio político fue presentada por Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso, quienes señalan una presunta responsabilidad política de Godoy tras la denuncia del juez Carlos Serrano. Según esa versión, habría existido presión del exdirector provincial del CJ en Pichincha, Henry Gaibor, para influir en un fallo relacionado con narcotráfico.
Sin embargo, el resultado del proceso no depende únicamente de las acusaciones. La correlación de fuerzas en la Asamblea y ciertas decisiones administrativas recientes podrían inclinar la balanza.
Nombramiento de directores provinciales del Consejo de la Judicatura
Uno de los factores clave es la renovación de 25 directores provinciales del Consejo de la Judicatura. El 9 de enero de 2026, justo antes de que se inicie formalmente el trámite del juicio político, el organismo solicitó la renuncia de estos funcionarios con el argumento de evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
La designación de nuevos directores depende del voto de los cinco vocales del CJ y de parámetros básicos como el goce de derechos políticos y la posesión de un título de tercer nivel. Según el jurista Paúl Córdova, este proceso podría abrir la puerta a negociaciones políticas, ya que los perfiles seleccionados podrían tener vínculos con distintos sectores legislativos.
Además, la experiencia previa en el sector justicia no es un requisito indispensable, lo que amplía el espectro de candidatos y aumenta la posibilidad de acuerdos indirectos con bloques parlamentarios.
Posible concurso para la designación de notarios
Otro elemento que podría incidir en el juicio político es la eventual convocatoria a un concurso para designar notarios a nivel nacional. Este tipo de procesos suele generar interés político debido a su impacto territorial y administrativo.
Córdova sostiene que este escenario podría convertirse en una herramienta de negociación, especialmente en un contexto donde los votos para una destitución no están asegurados. La expectativa de nuevos nombramientos puede influir en la postura de algunos legisladores indecisos.
La falta de definición de ADN frente al juicio político
El bloque oficialista Acción Democrática Nacional aún no ha definido una posición clara frente al futuro de Mario Godoy. Para este sector, la decisión pasa por evaluar si una censura afectaría la estabilidad del Gobierno, su imagen pública y su capital político.
En este contexto, el juicio político puede transformarse en un espacio de negociación. Históricamente, estos procesos no solo se resuelven por la gravedad de las acusaciones, sino también por acuerdos que terminan traduciéndose en votos de respaldo político a la autoridad interpelada.
La controversia con la jueza Nubia Vera
La confrontación entre Mario Godoy y la jueza Nubia Vera es otro factor que ha generado debate público. Vera acusó al presidente del CJ de ejercer presiones para que no otorgue una acción de protección a la entonces vicepresidenta Verónica Abad, relacionada con una sanción del Ministerio de Trabajo.
Godoy negó dichas acusaciones, y el caso se mantiene como un elemento de disputa política más que como una prueba concluyente. Esta controversia, lejos de fortalecer el juicio político, ha abierto interpretaciones divididas dentro de la Asamblea.
Para que Godoy sea censurado y destituido se requieren 101 votos. El correísmo cuenta con 62, por lo que necesita el respaldo de otros bloques como PK, PSC, independientes y una parte de ADN. En ese escenario fragmentado, los factores políticos y administrativos podrían ser determinantes para su permanencia en el cargo.
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