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Masacres carcelarias durante el gobierno: una crisis que persiste

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Las masacres carcelarias durante el gobierno de Daniel Noboa reflejan una profunda crisis estructural que sigue afectando al sistema penitenciario ecuatoriano. Desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, se han registrado cuatro eventos violentos que han dejado decenas de fallecidos y heridos, mostrando que el control y la rehabilitación aún son desafíos pendientes.

Violencia en los centros penitenciarios

El 9 de noviembre de 2025, una nueva tragedia golpeó la cárcel de Machala, dejando 31 muertos y 34 heridos. Este hecho se sumó a los anteriores ocurridos en Esmeraldas y Guayaquil, evidenciando que las masacres carcelarias durante el gobierno continúan siendo una amenaza constante. Expertos y autoridades coinciden en que se requiere un cambio estructural en la gestión de los centros de privación de libertad.

Desde el inicio del segundo mandato de Noboa, la violencia no ha cesado. La Penitenciaría del Litoral fue escenario de enfrentamientos que dejaron 17 muertos en 2024. Posteriormente, en septiembre de 2025, Machala y Esmeraldas volvieron a ser noticia por nuevos disturbios que cobraron más vidas, reforzando la percepción de que la seguridad interna sigue siendo insuficiente.

Falta de control y hacinamiento

Funcionarias como Itania Villarreal han subrayado que la falta de control y la ubicación de reos pertenecientes a las mismas bandas en un mismo pabellón agravan los conflictos. Según ella, la infraestructura deficiente y el hacinamiento contribuyen directamente a las masacres carcelarias durante el gobierno, generando condiciones inhumanas y vulnerando los derechos básicos de los presos.

Reestructuración y soluciones urgentes

Especialistas como Johana Espín y Fernando Sánchez coinciden en que la militarización no es suficiente. Plantean que el SNAI debe fortalecerse como entidad rectora, enfocándose en la rehabilitación, la educación y la prevención. De igual forma, recalcan que las masacres carcelarias durante el gobierno demuestran la urgencia de un plan integral que combine seguridad, justicia y políticas sociales.

El traslado de reos peligrosos a la nueva cárcel de Santa Elena es una medida temporal. Sin embargo, sin una reestructuración profunda, el país seguirá enfrentando las devastadoras consecuencias de las masacres carcelarias durante el gobierno.

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Fuente:
www.lahora.com.ec

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