El gobierno ecuatoriano ha anunciado importantes cambios en la estructura ministerial, con la transformación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos. Esta decisión, revelada por el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, responde a lo dispuesto por la Ley Orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral.
Transformación institucional
El proceso de cambio, que se espera sea oficializado mediante la publicación de un decreto entre hoy y mañana, fue anunciado por Torres tras la filtración de un borrador del decreto. En sus declaraciones, el viceministro enfatizó que esta modificación no busca relegar la protección de los derechos de las mujeres, sino ampliar el alcance y las facultades de esta cartera de Estado.
«Se transforma (…) para abarcar justamente lo que se aprobó en la Asamblea y para cubrir con mayor espectro y darle más facultades a aquel ministerio. No dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener un rango de operación mucho más integral», señaló Torres.
Ampliación de competencias
El Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos mantendrá las competencias actuales del Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos, pero se añadirá el área de política criminal, considerada competente para esta nueva entidad.
Entre las atribuciones de la nueva cartera de Estado se encuentra el diseño, definición e implementación de planes, programas y proyectos en el ámbito de la política criminal y los derechos humanos.
Enfoque en la erradicación de la violencia y discriminación
Además, se encargará de formular y ejecutar políticas para la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación, especialmente contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria. Este enfoque refleja el compromiso del gobierno con la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos humanos en el país.
Con esta transformación, se espera fortalecer la capacidad del Estado para abordar de manera integral los desafíos en materia de política criminal y derechos humanos, contribuyendo así al desarrollo y bienestar de la sociedad ecuatoriana.
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