El gobierno de Daniel Noboa se aproxima a una etapa crucial con el referéndum del 16 de noviembre, en el que la ciudadanía decidirá si el país emprende la redacción de una nueva Constitución. Tras superar 31 días de protestas, el mandatario mantiene una aprobación superior al 50%, fortalecido por su manejo de la crisis social y su promesa de una carta magna enfocada en seguridad, eficiencia e inversión, sin retrocesos en derechos humanos o ambientales.
Sin embargo, el reciente informe de JP Morgan advierte que, pese al impulso político de Noboa, el proceso constituyente podría abrir un periodo de incertidumbre que afecte temporalmente el clima de inversión en Ecuador.
Noboa busca una Constitución más corta, directa y moderna
De acuerdo con JP Morgan, el presidente Noboa ha planteado una Constitución “directa y eficiente”, reduciendo los actuales 444 artículos a unos 180. Las reformas se centrarían en fortalecer la legislación penal, atraer inversión privada y mantener la protección ambiental y de derechos humanos.
El enfoque busca simplificar el marco legal y crear un entorno más atractivo para los inversionistas, reduciendo la burocracia estatal y reforzando la seguridad como base del desarrollo económico.
Un referéndum tras semanas de tensión social
El informe subraya que la consulta llega después de un paro indígena de 31 días en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. A diferencia de protestas pasadas, el impacto económico fue menor: pérdidas de alrededor de 100 millones de dólares frente a más de 1.000 millones en 2022.
JP Morgan resalta que el gobierno logró contener los efectos al limitar las afectaciones a la provincia de Imbabura, proteger Quito y aplicar transferencias monetarias que mitigaron el impacto inflacionario y el descenso de las ventas minoristas.
Noboa fortalecido rumbo al referéndum
El banco estadounidense considera que la gestión de Noboa durante el paro lo fortaleció políticamente. Las encuestas lo sitúan con un respaldo entre el 51% y el 54%, lo que le otorga una posición sólida para enfrentar el referéndum.
La lucha contra la inseguridad continúa siendo percibida como su principal logro, con más del 30% de la población reconociendo avances en esta área. Este respaldo ha permitido al presidente presentar su propuesta constitucional como una extensión de su agenda de seguridad y eficiencia estatal.
Oposición organizada y posibles escenarios
Mientras tanto, los grupos de oposición, encabezados por la Conaie y el correísmo, se movilizan por el “No”. No obstante, JP Morgan indica que las encuestas muestran un respaldo mayoritario, superior al 55%, a las principales preguntas del referéndum, incluidas la reducción del número de asambleístas y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos.
Aun así, la entidad financiera recomienda cautela, recordando que en Ecuador las encuestas han tenido márgenes de error significativos en procesos anteriores.
Riesgos de incertidumbre económica
JP Morgan señala que el proceso constituyente, aunque bien recibido por su enfoque en inversión y seguridad, podría generar incertidumbre económica en el corto plazo. La convocatoria de una Asamblea Constituyente podría retrasar decisiones empresariales y frenar el flujo de capital extranjero debido a la falta de claridad sobre el resultado final.
El informe advierte, además, sobre el riesgo de que fuerzas políticas de izquierda dominen la agenda constituyente, lo que podría desviar el enfoque original del gobierno y generar tensiones en un entorno social aún frágil.
Entre el optimismo político y la cautela económica
El banco de inversión resume el panorama actual con una dualidad: Noboa emerge fortalecido políticamente, pero enfrenta un escenario económico delicado. La popularidad presidencial, la gestión de la crisis y las transferencias sociales son fortalezas claras; en contraste, la incertidumbre del proceso, la polarización política y el riesgo de una agenda constituyente inestable son los principales desafíos.
El referéndum del 16 de noviembre marcará un punto de inflexión para Ecuador. Si gana el “Sí”, iniciará una etapa de redefinición institucional y económica; si triunfa el “No”, el gobierno deberá reestructurar su hoja de ruta sin el impulso de una nueva Constitución.
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