El Gobierno de Ecuador dio un paso importante para atraer capital privado hacia sectores estratégicos del país. Con la nueva Ley de fortalecimiento de los sectores de minería y energía, la administración del presidente Daniel Noboa busca generar confianza en los inversionistas y modernizar el marco institucional para impulsar proyectos energéticos y extractivos.
Durante la presentación de un nuevo proceso para construir una planta eléctrica a gas natural de 400 megavatios en la Costa, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dejó claro el mensaje del Gobierno: Ecuador apuesta por la inversión privada para impulsar su desarrollo energético y económico.
Un mensaje directo a los inversionistas
La ministra explicó que la nueva normativa busca crear condiciones claras y seguras para que el capital privado, tanto nacional como internacional, participe en proyectos de electricidad, minería e hidrocarburos.
Según Manzano, el desarrollo energético del país no puede depender únicamente del financiamiento estatal. Para lograr una expansión sostenible del sistema eléctrico se necesita atraer inversión externa que permita construir nueva infraestructura y ampliar la capacidad de generación.
Además, señaló que cada proyecto energético genera beneficios adicionales como empleo, crecimiento de proveedores locales y transferencia tecnológica.
Cambios clave para impulsar la inversión en electricidad
Uno de los principales objetivos de la ley es reducir el déficit energético que ha provocado racionamientos en años recientes.
Entre las medidas más importantes se incluyen:
- Delegación de proyectos eléctricos al sector privado, incluyendo empresas extranjeras o de economía popular.
- Concesiones de hasta 40 años, con mecanismos fiduciarios que faciliten el financiamiento.
- Eliminación de la reversión obligatoria en algunos proyectos privados, reduciendo riesgos para inversionistas.
- Prioridad de despacho para energías renovables no convencionales de hasta 10 MW dentro del sistema eléctrico nacional.
Estas medidas buscan acelerar la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica y fortalecer la seguridad energética del país.
Autogeneración y distritos energéticos autónomos
La ley también promueve que empresas e industrias produzcan su propia electricidad.
Entre las novedades se destacan:
- Las empresas podrán instalar sistemas de generación propios.
- Podrán contratar a terceros para financiar y operar las plantas.
- Se permitirá vender excedentes de energía a la red eléctrica nacional.
Además, se crean los Distritos Autónomos Energéticos (DAE), que permitirán a comunidades, barrios o agrupaciones productivas generar y administrar su propia energía con gran autonomía.
El objetivo es reducir la presión sobre el sistema nacional y disminuir el riesgo de apagones.
Cambios en minería y reglas para las comunidades
En el ámbito minero, la normativa mantiene vigente la consulta previa, libre e informada para las comunidades. También introduce el concepto de “licencia social”, reconociendo que los proyectos extractivos deben contar con aceptación de las poblaciones locales.
Entre otros cambios importantes se incluyen:
- Unificación de la etapa de exploración minera con un plazo máximo de 15 años.
- Reemplazo de la licencia ambiental por autorizaciones administrativas ambientales, dependiendo de cada etapa del proyecto.
- Prohibición de minería industrial en las Islas Galápagos, permitiendo solo extracción limitada de materiales para construcción local.
Regalías mineras y distribución de recursos
La ley también refuerza el control sobre los ingresos generados por la minería.
Las regalías se establecen entre 3% y 8% sobre las ventas para la gran y mediana minería, mientras que la pequeña minería tendrá una tasa fija del 3%.
Del total recaudado, el 60% se destinará a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de las zonas donde se desarrollen los proyectos, con distribución entre gobiernos provinciales, municipales y parroquiales.
Más control para combatir la minería ilegal
Otro de los puntos clave de la reforma es el fortalecimiento del control estatal sobre la actividad minera.
Entre las nuevas herramientas están:
- Centralización del control minero en el ministerio sectorial.
- Creación de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica.
- Intervención de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura y personal.
- Restricciones para evitar múltiples permisos de minería artesanal a una misma persona.
Un proyecto eléctrico de $835 millones como señal de apertura
El anuncio de la ley se realizó junto con el lanzamiento del proceso público para construir una central eléctrica de ciclo combinado a gas natural de 400 MW, que se ubicará en la Costa ecuatoriana.
El proyecto tendrá una inversión estimada de 835 millones de dólares y será ejecutado por un operador privado bajo un esquema de concesión.
Para el Gobierno, esta iniciativa no solo busca aumentar la capacidad energética del país, sino también enviar una señal clara de estabilidad y apertura a los inversionistas.
La adjudicación del proyecto está prevista para el primer trimestre del próximo año, tras la fase de precalificación de empresas interesadas.
Fuente: La Hora
