Reclamo de Pampa Energía por pólizas no liberadas
La petrolera argentina Pampa Energía, principal accionista de OCP Ltd., ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Estado ecuatoriano. El origen de la disputa es la falta de liberación de pólizas de seguro por USD 100 millones, que debieron ser devueltas al finalizar el contrato de operación del oleoducto petrolero en diciembre de 2024.
La empresa afirma que colaboró con una transición ordenada y que cumplió todas las obligaciones contractuales. No se reportaron incidentes ambientales ni fallas técnicas que justificaran la retención de dichas garantías.
Arbitraje internacional como medida legal
Ante el incumplimiento estatal, Pampa Energía presentó una demanda ante el Ciadi el 2 de mayo de 2025. El reclamo está dirigido contra el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, y representa la única vía legal contemplada en el contrato.
Aunque se ha recurrido al arbitraje, la compañía asegura que mantiene la disposición al diálogo y expresa su interés por seguir invirtiendo en Ecuador a futuro.
Un activo estratégico como el oleoducto petrolero
El oleoducto petrolero, construido y operado por OCP desde 2003, es vital para la exportación de crudo ecuatoriano. Transporta 200.000 barriles diarios desde la Amazonía hasta el puerto de Balao, lo que representa casi el 44% del crudo producido en el país.
Pampa Energía sostiene que, en varias ocasiones, ha suplido deficiencias del sistema estatal, ayudando a evitar pérdidas para el país.
Función de las pólizas bajo disputa
Las pólizas de seguro, según Pampa, cubrían riesgos ambientales y fallas operativas, ninguno de los cuales se presentó durante los 20 años de operación. Esto refuerza la postura de la empresa de que la liberación debió ejecutarse sin objeciones.
Para la compañía, esta situación pone en tela de juicio la seguridad jurídica y podría afectar negativamente la confianza de futuros inversionistas extranjeros.
Incertidumbre por el futuro del oleoducto petrolero
Hasta ahora, el Ministerio de Energía no se ha pronunciado sobre el proceso. Esta falta de respuesta genera incertidumbre y podría alargar el conflicto en el arbitraje.
El caso del oleoducto petrolero no solo representa un conflicto contractual, sino un posible precedente negativo para la relación entre el Estado y los inversores internacionales.
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