La Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025 evidencia la falta de flexibilidad de las finanzas públicas. Más del 80% del gasto ya tiene un destino fijo en salarios, deuda y transferencias obligatorias.
Un Estado con las manos atadas
En la práctica, de cada 10 dólares que el Gobierno planea gastar en 2025, solo dos estarán disponibles para nuevas prioridades o inversiones. El resto ya está comprometido por leyes, obligaciones constitucionales y deudas adquiridas.
Este fenómeno de rigidez del gasto no es nuevo, pero se ha intensificado. Mientras la deuda crece y las demandas sociales aumentan, el margen de maniobra se reduce aún más.
Sueldos, deuda y transferencias absorben la mayor parte
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el 77% del gasto previsto será permanente, equivalente a unos USD 20.858 millones.
Los sueldos de más de 490.000 servidores públicos representan el 34,9% del total. A esto se suman los intereses de la deuda, que absorben el 13,9% del presupuesto, con más de USD 3.753 millones.
Las transferencias obligatorias, como aportes a la seguridad social y subsidios, alcanzarán el 20,9% del gasto, es decir, alrededor de USD 5.987 millones. Estos compromisos no pueden reducirse sin reformas legales o constitucionales.
En conjunto, los componentes rígidos suman el 83,4% del PGE, cifra que equivale al 133% de los ingresos estimados.
Un déficit que se amplía
El Gobierno proyecta para 2025 un déficit de USD 5.443 millones, equivalente al -4,4% del PIB. Para cubrirlo, deberá acudir a financiamiento interno y externo.
Esto refuerza la dependencia estructural del endeudamiento y limita aún más la capacidad de planificación fiscal.
Ingresos proyectados, pero poco realistas
La Proforma estima ingresos por USD 27.440 millones, un salto de más de USD 5.000 millones frente a 2024. Sin embargo, buena parte de esos recursos provienen de supuestos extraordinarios, como anticipos por concesiones petroleras, el Oleoducto de Crudos Pesados y el espectro radioeléctrico.
Estas operaciones requieren procesos legales y contractuales complejos, difíciles de concretar antes de cerrar el año fiscal. Sin esos ingresos, el déficit podría ser mucho mayor.
Ejecución presupuestaria rezagada
Hasta agosto de 2025, los ingresos acumulados suman USD 15.852 millones y los gastos alcanzan USD 17.290 millones. El déficit parcial ya es de USD 1.439 millones.
Además, solo el 60,5% del presupuesto ha sido devengado y apenas el 55,8% ha sido pagado. La inversión pública muestra niveles críticos: la obra pública tiene una ejecución de 16,6% y la compra de bienes de larga duración, de 6,9%.
Los atrasos presupuestarios superan los USD 1.335 millones, lo que afecta a proveedores, contratistas y gobiernos locales.
Una sostenibilidad aún lejana
Con el gasto rígido, ingresos sobredimensionados y atrasos crecientes, todo indica que el año cerrará con un nuevo resultado negativo.
El desequilibrio es estructural: el presupuesto opera en piloto automático, con márgenes mínimos de maniobra. La sostenibilidad fiscal, más que un objetivo alcanzado, sigue siendo una promesa postergada.
Fuente: Primicias
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