La legisladora nacional de la Revolución Ciudadana, Priscila Schettini, presentó una denuncia por presunta violencia política de género contra el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Niels Olsen, al considerar que se le está impidiendo asumir la curul para la que fue electa en febrero de 2025, pese a que asegura haber cumplido la sanción que suspendía temporalmente sus derechos políticos.
La acción fue interpuesta ante el Tribunal Contencioso Electoral al amparo de los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia, normativa que tipifica como violencia política de género cualquier acto u omisión que limite o restrinja el ejercicio de funciones de una mujer electa. La asambleísta solicita que se determine la responsabilidad del titular del Legislativo y se apliquen las sanciones previstas en la ley.
El origen de la controversia con Priscila Schettini
Schettini fue elegida asambleísta nacional en los comicios generales del 9 de febrero de 2025. Sin embargo, antes de su posesión, el 9 de mayo de ese año, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó en segunda y definitiva instancia una sentencia en su contra por violencia política de género, tras una denuncia presentada por la entonces fiscal general Diana Salazar.
La sanción inicial contemplaba la suspensión de sus derechos de participación política por tres años. No obstante, en julio de 2025 la Asamblea aprobó reformas al Código de la Democracia que modificaron el régimen sancionatorio. Bajo el principio de favorabilidad, la medida fue reducida a nueve meses.
Según la legisladora, la suspensión quedó cumplida el 10 de febrero de 2026. Además, indicó que el Ministerio de Trabajo levantó el impedimento que constaba en el sistema para ejercer un cargo público, lo que —a su criterio— habilita plenamente su reincorporación.
Solicitud formal para ocupar la curul
El 23 de febrero de 2026, Priscila Schettini solicitó formalmente al presidente del Parlamento que dispusiera las acciones administrativas necesarias para permitirle asumir su escaño. Argumenta que no existe restricción legal vigente que le impida ejercer el mandato conferido en las urnas.
La legisladora sostiene que la falta de habilitación administrativa constituye una obstaculización injustificada que limita su derecho a ejercer funciones públicas en igualdad de condiciones.
La base de la denuncia por violencia política de género
El eje central de la acusación no se enfoca en la sanción ya cumplida, sino en lo que considera una negativa o dilación para facilitar su ingreso al Pleno. El artículo 280 del Código de la Democracia establece que incurre en violencia política de género quien, por acción u omisión basada en el género, restrinja el uso de atribuciones inherentes al cargo o impida la participación en espacios de decisión.
Desde esa perspectiva, Priscila Schettini afirma que impedir o retrasar su reincorporación vulnera sus derechos políticos y configura una conducta sancionable.
La bancada de la Revolución Ciudadana respaldó públicamente su postura y pidió que se garantice, sin dilaciones, el ejercicio de sus funciones legislativas. El pronunciamiento se difundió el 2 de marzo de 2026 y exige que se habilite de manera inmediata su participación en el Parlamento.
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